Madrid: 65.000 docentes inician huelga indefinida por salarios y condiciones laborales

Sesenta y cinco mil docentes de Madrid se disponen a parar indefinidamente desde este miércoles, llevando consigo la educación de más de 666.000 estudiantes de Infantil a Bachillerato y Formación Profesional. En el colegio público Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán, los maestros esperaban conocer quién tendría que cubrir los servicios mínimos obligatorios durante el primer día de paro. Laura Peinado Jiménez, docente de 36 años, ya lucía su camiseta verde lista para la movilización. "Hemos llegado a un punto donde la situación es insostenible", explicaba mientras señalaba que no recordaba otra huelga indefinida en Madrid. Su preocupación era clara: con aulas llenas de alumnos con necesidades especiales, el tiempo de preparación y el personal disponible resultan insuficientes para atender a cada estudiante de manera individualizada.

La convocatoria reúne a cinco sindicatos principales —Comisiones Obreras, UGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera— junto a otros colectivos y plataformas docentes. Esperan un seguimiento masivo que obligue al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a negociar, tal como sucedió en Cataluña y la Comunidad Valenciana durante el curso anterior. En ambos territorios, los docentes lograron acuerdos que incluyeron incrementos salariales y, en el caso catalán, refuerzo de plantilla. Aida San Millán, secretaria general de la federación de enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras, el sindicato más votado en la red pública regional, pronosticaba que "excepto por los servicios mínimos, los centros van a parar por completo". Los convocantes ven la huelga como "un paso decisivo ante la privatización de la educación pública, el deterioro de las condiciones laborales y la calidad de la enseñanza".

Madrid ocupa el tercio de autonomías que menos paga a sus docentes. Invierte un 18 por ciento menos por alumno que la media estatal: 6.502 euros anuales frente a 7.943, según datos de 2023. Paradójicamente, encabeza el coste de la vida, con los precios de vivienda como símbolo más evidente. "Estamos sufriendo una erosión muy grande de la educación. El profesorado madrileño ve que en Valencia y Cataluña han salido a protestar y, estando incluso mejor que aquí, han conseguido mejoras", resumía San Millán. Walter Post Villacorta, maestro tutor de 58 años en el Ignacio Zuloaga, lamentaba que "antes no había temperaturas tan extremas. Y la vida cada vez está más cara, mientras nuestros sueldos no se han actualizado".

Las seis exigencias principales de los sindicatos son concretas: reducir a 17 las horas de clase semanal en secundaria y a 22 en infantil y primaria (desde 19 y 25 respectivamente); bajar las ratios de estudiantes por clase, incrementando personal especializado en atención a la diversidad; atajar la segregación socioeconómica entre la red pública y concertada; aumentar el salario docente en 600 euros mensuales; disminuir la carga burocrática y mejorar infraestructuras, incluyendo climatización y eliminación de amianto. A finales de agosto, los sindicatos enviaron una carta a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en un último intento por negociar. Ella se mostró poco abierta a aceptar las demandas y posteriormente calificó la movilización de "política e innecesaria". A mediados de septiembre, Ayuso anunció una negociación sobre carrera profesional docente que podría traducirse en "hasta 350 euros más al mes". Los sindicatos rechazaron desconvocar el paro, argumentando que el gobierno pretendía "sobreponer a la huelga una negociación que no se le había pedido".

El frente sindical es menos amplio que en Cataluña y Valencia. ANPE y CSIF, segundo y tercero con mayor representación en las últimas elecciones sindicales de la educación pública madrileña, no se sumaron a la convocatoria unitaria. Sin embargo, CSIF convocó por su parte huelga a jornada completa desde el miércoles hasta el viernes, con paros parciales indefinidos a partir de la semana siguiente. En otras regiones, la respuesta del alumnado ha sido crucial para paralizar la actividad educativa. El Sindicato de Estudiantes, aunque con implantación limitada a escala de centros, suele lograr seguimiento masivo entre estudiantes de tercero de ESO en adelante, a quienes la jurisprudencia reconoce el derecho a huelga. En Madrid, la organización se sumó a esta movilización. Juan Luis Gómez Valiente, estudiante de 18 años en el instituto público Victoria Kent, confirmaba que sus 28 compañeros de clase de Formación Profesional harían huelga junto a sus profesores. Había "un poco de preocupación" por perder clases, reconocía, "pero al final es tu futuro".

Los sindicatos también convocaron huelga, limitada al miércoles, en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, contra la "asfixia económica" y la privatización del sector universitario. Los 3.798 profesores de enseñanzas de régimen especial —Escuelas Oficiales de Idiomas, conservatorios, escuelas de arte y danza— de la Comunidad de Madrid, que atienden a más de 95.000 alumnos, sí están convocados al paro indefinido.

La última huelga docente indefinida en Madrid que los sindicalistas veteranos recuerdan fue la de 1988, cuando el Ministerio de Educación conservaba buena parte de las competencias. Aquel paro sumó 28 jornadas, aunque no fueron seguidas. Javier Becerra, responsable de enseñanza de UGT en Madrid, creía que la participación ahora sería muy alta. "El profesorado está muy concienciado. Hay un agotamiento por las condiciones que viven en la Comunidad de Madrid respecto al de otras regiones", afirmaba. Las organizaciones convocantes han comenzado a hacer cajas de resistencia y, según admitía San Millán, a sondear a familiares sobre posible apoyo para aguantar un choque que puede ser largo. Las diferencias salariales, especialmente grandes en Madrid por la diversidad de complementos, hacen que por cada día de huelga un docente pierda entre 80 euros (maestro de infantil o primaria) y 140 (secundaria). En las 24 jornadas que duró la huelga indefinida en la Comunidad Valenciana del curso pasado, hubo profesores que perdieron 3.600 euros, porque además del día no trabajado se les descuenta la parte correspondiente a fines de semana, vacaciones y paga extra.