Transporte, vivienda y servicios enfrentan alzas en cascada por incremento del salario mínimo

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 está desencadenando una serie de ajustes en cascada que atravesarán prácticamente todos los sectores de la economía colombiana, desde el transporte público hasta los servicios domésticos, con consecuencias directas en el bolsillo de millones de hogares.

El impacto más inmediato se sentirá en las calles. En Bogotá, la tarifa unificada del Sistema Integrado de Transporte Público pasará de 3.200 a 3.550 pesos, un incremento de 350 pesos que representa un aumento del 10,9 por ciento. En Manizales, los pasajes de bus, microbús y cable aéreo subirán también 350 pesos, con variaciones entre 11,7 y 13,2 por ciento según el tipo de transporte. Las autoridades locales han justificado estos ajustes argumentando que responden tanto al incremento salarial como a mayores costos operacionales, pero lo que comienza en el transporte no termina allí.

La cadena de alzas se extiende hacia sectores que tocan la vida cotidiana de forma más profunda. Los aportes de aprendices al Sena, las multas de tránsito y administrativas, los servicios de peluquería y cuidado personal, el mantenimiento automotriz, las tarifas notariales, los exámenes de laboratorio, las consultas médicas, las matrículas educativas privadas y los pasajes intermunicipales están todos indexados al salario mínimo. En educación no formal, como academias, cursos y jardines infantiles, el incremento presionará matrículas y mensualidades a medida que estos centros deban cubrir mayores gastos en nómina. En los conjuntos cerrados, la administración de copropiedades, la vigilancia, el aseo y el mantenimiento recibirán el impacto de lleno.

La vivienda presenta un caso particularmente complejo. Los precios máximos de vivienda de interés social y de interés prioritario están definidos en salarios mínimos, lo que significa que el techo legal al que pueden venderse estos inmuebles sube automáticamente. Muchos contratos de compraventa no fijan un precio en pesos desde el inicio, sino que establecen que el valor final será equivalente a un número determinado de salarios mínimos al momento de la entrega, lo que implica un mayor costo incluso si la vivienda fue separada meses atrás. El mismo efecto ocurre con los subsidios de vivienda de las cajas de compensación. La Cámara Colombiana de la Construcción estima que el incremento salarial podría elevar hasta el 10 por ciento el precio de la vivienda, dado que la mano de obra representa cerca del 25 por ciento de los costos totales en un sector intensivo en trabajo. Camacol calculó un impacto agregado cercano al 4 por ciento en los costos totales de construcción.

La vigilancia privada en conjuntos residenciales enfrenta presiones particularmente severas. La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada advirtió que el aumento del salario mínimo combinado con cambios en la jornada laboral elevará de forma significativa estos costos. El gremio proyecta que el incremento acumulado para los usuarios superará el 30 por ciento en seis meses, resultado del aumento del 23 por ciento del mínimo más un 7 por ciento adicional por la reducción de la jornada de 46 a 42 horas y la ampliación del horario nocturno. Un servicio de vigilancia con tres turnos de 24 horas cerró 2025 en aproximadamente 19 millones 304 mil pesos mensuales. Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, advirtió que con estos incrementos existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad. Nora Pabón Gómez, abogada asesora en derecho inmobiliario, explicó que el salario mínimo es la referencia del reglamento de copropiedad y su incremento tiene efectos automáticos en las cuotas, con consecuencias que van más allá de los números: cuando las administraciones no alcanzan a cubrir los valores, disminuyen la seguridad, la tranquilidad y el aseo de las zonas comunes, empeorando las condiciones de vida de las personas. El impacto se extiende también a los arriendos, pues en algunos casos los arrendatarios son solidarios en el pago de la administración.

El trabajo doméstico, un sector que ya enfrenta desafíos estructurales, muestra signos de contracción. Salua García Fakih, fundadora y CEO de Symplifica, indicó que inicialmente el impacto se ha manifestado en consultas para reducir días laborales de las trabajadoras. La reducción del empleo de tiempo completo, una mayor contratación por días y la fragmentación del empleo son algunos de los efectos observados. Andrea Londoño, directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, señaló que ante la persistencia de la informalidad del 80 por ciento en el sector, se observa una disminución del trabajo doméstico permanente, reemplazado por trabajo por días y un aumento en la cantidad de tareas asignadas.

Ante esta cascada de presiones inflacionarias, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno está alistando un decreto que contendrá medidas para frenar estas alzas, además de estudiar opciones como el control de precios. Lo que suceda en los próximos meses determinará si estas medidas logran contener el impacto o si la economía de los hogares colombianos seguirá ajustándose al alza.