Los primeros 100 días de Fernández: seguridad, fricciones judiciales y disputas legislativas

Laura Fernández llegó a la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2026 con una agenda clara: convertir la seguridad en el eje vertebral de su gobierno. Cien días después, mientras se aproxima el fin de semana que marca ese primer tramo de gestión, el balance es el de una administración que ha mantenido su rumbo pero a costa de fricciones crecientes con otros poderes del Estado y una legislatura cada vez más complicada de navegar.

Desde el primer día, Fernández priorizó el combate al crimen organizado y la delincuencia. Esa decisión no fue meramente retórica: se tradujo en movimientos dentro del gabinete, en asignaciones presupuestarias y en una serie de iniciativas que buscaban dar forma concreta a esa promesa. Los analistas políticos han notado que, más allá de las turbulencias, la presidenta ha mantenido una línea consistente respecto del plan que presentó durante su campaña. No ha zigzagueado. No ha abandonado sus prioridades bajo presión.

Pero esa consistencia ha chocado frontalmente con otros actores del sistema político. La relación con la Sala Constitucional se deterioró rápidamente. Las resoluciones del tribunal constitucional generaron fricciones que van más allá de desacuerdos técnicos: revelan una tensión más profunda sobre los límites del poder ejecutivo y cómo debe ejercerse. El Poder Judicial, en general, se convirtió en un adversario institucional durante estos primeros cien días, no un socio en la gobernanza.

La Asamblea Legislativa presenta un panorama igualmente complicado. El oficialismo ha chocado repetidamente con la oposición sobre proyectos que considera prioritarios. El debate sobre Crucitas, la explotación minera que Fernández retomó de la administración anterior de Rodrigo Chaves, se convirtió en un punto de fricción. También lo hicieron las propuestas sobre jornadas laborales 4x3, iniciativas de seguridad y, más recientemente, un proyecto para eliminar las pensiones de los expresidentes. Cada uno de estos temas reveló las grietas en la coalición legislativa y la capacidad de la oposición para bloquear o retrasar la agenda del gobierno.

Los recortes presupuestarios añadieron otra capa de complejidad. No fue solo un debate técnico sobre números: fue una declaración sobre prioridades, sobre quién paga el costo de la seguridad y cómo se distribuyen los recursos limitados del Estado. Ese debate se entrelazó con las disputas legislativas y con las tensiones judiciales, creando un panorama político denso y fragmentado.

La propuesta de una marina en Limón, aunque menos visible en los titulares que otros temas, también formó parte de este primer período. Junto con las pruebas de polígrafo y los señalamientos sobre un presunto golpe de Estado, estos elementos conformaron un escenario donde Fernández tuvo que gobernar no solo contra la oposición, sino también contra la desconfianza institucional y la polarización política.

Frente a este panorama, Fernández convocó a los presidentes de los Supremos Poderes a una reunión para el 21 de agosto. El gesto es significativo: reconoce que las fricciones han alcanzado un nivel que requiere diálogo de alto nivel. Pero también es revelador: después de cien días, el gobierno siente que necesita resetear sus relaciones con el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Esa reunión será un termómetro de si es posible encontrar un terreno común o si los próximos meses traerán más choques.

Lo que viene es predecible: más disputas legislativas, más tensiones judiciales, más debates sobre presupuesto y prioridades. Pero también hay algo que permanece constante. Fernández ha demostrado que no está dispuesta a abandonar su agenda de seguridad, incluso cuando eso significa enfrentar a otros poderes del Estado. Esa consistencia puede ser su fortaleza o su debilidad, dependiendo de si logra construir coaliciones que le permitan gobernar o si termina aislada en un Ejecutivo que no puede traducir sus prioridades en leyes.