Los presidentes autonómicos debaten sobre vivienda con posiciones encontradas sobre la ley catalana

En la jornada de clausura del foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, tres presidentes autonómicos se enfrentaron a una pregunta que define el presente político español: ¿funciona la ley de vivienda de Cataluña? La respuesta dependía de a quién se le preguntara.

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias desde 2019, llegó al debate con cifras que lo respaldaban. Su región, aseguró, posee la mayor proporción de vivienda de protección oficial en alquiler respecto a su población. Barbón elogió sin reservas la norma catalana, afirmando que no solo había reducido los precios del alquiler sino que había "ahuyentado el miedo" que los propietarios sentían ante esa restricción. Luego reflexionó sobre algo más profundo: "La ideología no es mala, lo malo es que no encontremos acuerdos entre quienes pensamos distinto". Advirtió que si el debate sobre vivienda se reducía a una contienda entre socialistas y populares, los ganadores no serían ni unos ni otros, sino quienes crecían alimentándose de la desconfianza en la política.

Marga Prohens, presidenta del Gobierno de Baleares desde 2023, ofreció una visión radicalmente distinta. Aunque elogió el pragmatismo de Barbón, sus datos sobre Cataluña pintaban otro cuadro. Prohens, quien residió en Barcelona en su juventud y la considera su segunda ciudad, lamentó que en la Ciudad Condal "no se ven grúas". Negó que los precios hubieran bajado realmente y cifró en un 20% la reducción de la oferta de alquiler disponible, además de peor calidad. Dirigiéndose directamente a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, elogió su lema de "construir, construir y construir", pero luego soltó una pregunta incómoda: "La limitación de precios no debe de ir muy bien si tu lema es ese". Prohens defendía un sistema más restrictivo de alquileres protegidos, limitado a jóvenes sin capacidad de emanciparse y trabajadores precarios, pero solo si ya residían en las islas.

Illa respondió con datos. Intervino en formato de discurso, no de coloquio, pero recogió el guante de Prohens. "Los datos son los que son", afirmó tajante, cifrando el descenso de precios del alquiler en un 4% en zonas de vivienda tensionada y un 6% en las que no lo son. "Se trata de números y datos objetivos, luego que cada uno haga lo que quiera. Cataluña aplica la ley de vivienda", sentenció. El debate quedó así: dos interpretaciones de la misma realidad, ambas respaldadas por números, ambas irreconciliables.

El foro reunió a tres presidentes autonómicos en ejercicio, cuatro expresidentes, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel y decenas de expertos. José Montilla, quien presidió la Generalitat entre 2006 y 2011, aprovechó para señalar algo que la ciudadanía desconoce: las autonomías gestionan los principales servicios del Estado del bienestar. La vivienda es competencia exclusiva de los gobiernos regionales, como recogen los estatutos de autonomía, pero el 55% de los ciudadanos cree que es responsabilidad estatal. Montilla destacó que Prensa Ibérica, por su capilaridad territorial, era la única capaz de albergar un foro de estas características.

El evento contó con el apoyo de gobiernos de diez comunidades autónomas y el patrocinio de empresas como Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, Unie e Iberdrola. Lo que emergió del debate no fue consenso sino claridad sobre las líneas de fractura: entre quienes ven la ley catalana como un éxito que protege a inquilinos y quienes la consideran un freno a la construcción que empeora la oferta disponible. Entre quienes confían en la regulación de precios y quienes apuestan por expandir la oferta. Entre territorios con presiones demográficas distintas y prioridades políticas opuestas. El foro España 360 no resolvió estas tensiones. Simplemente las expuso con la claridad que solo logra cuando los actores principales hablan sin filtros.