Los jubilados pueden volver a trabajar como autónomos y mantener parte de su pensión

A partir de este viernes, España abre una puerta que hasta ahora estaba cerrada: los jubilados pueden volver a trabajar como autónomos y seguir cobrando parte de su pensión. Es el último paso de una reforma que el Gobierno aprobó hace tres meses pero que solo ahora entra en vigor, completando una serie de cambios diseñados para que los trabajadores alarguen su vida laboral y retrasen el momento de retirarse del todo.

Hasta ahora, esta compatibilidad entre trabajo y pensión solo era posible para quienes volvían a un empleo asalariado a tiempo parcial. Ahora se extiende a los autónomos, pero con una condición: no pueden haber estado dados de alta en el régimen de autónomos durante los tres años anteriores a su jubilación. Quienes opten por esta vía cobrarán el 25% de su pensión mientras trabajan por cuenta propia. Para los que vuelven como asalariados, la reforma también trae cambios: el porcentaje de jornada compatible con la pensión se amplía, ahora debe estar entre el 33% y el 80% de la jornada ordinaria, frente al 25% al 75% anterior. Además, si un jubilado espera seis meses o más antes de reincorporarse al trabajo asalariado, su pensión compatible aumenta: un 25% si trabaja entre el 55% y el 80% de jornada completa, o un 15% si trabaja entre el 33% y el 54%.

La otra cara de la reforma afecta a quienes deciden no jubilarse cuando llegan a la edad de retiro, sino seguir trabajando sin cobrar pensión. El Gobierno mejora el incentivo económico que reciben por esta decisión, conocido como complemento de demora. Hasta ahora podían elegir entre aumentar su pensión futura un 4% por cada año completo de retraso, recibir un pago único, o una combinación de ambas. A partir de ahora, en esa opción mixta se cuentan los semestres completos, no solo los años, lo que mejora el incentivo. Para carreras muy largas, de nueve años o más de retraso, se establece un esquema fijo: los primeros cinco años se pagan como cantidad única, y el resto como incremento de pensión del 4% anual o 2% semestral.

Todos estos cambios responden a una presión demográfica que el Gobierno ve venir. A partir de esta década, la generación del babyboom comenzará a jubilarse masivamente, lo que pondrá a prueba las finanzas del sistema de pensiones. Por eso el Ejecutivo ha aprobado estas reformas en varias fases: primero tocaron la jubilación anticipada, parcial y activa; ahora llegan los cambios a la jubilación flexible y demorada. El objetivo es doble: aumentar los ingresos del sistema mediante más cotizaciones, e incentivar a los trabajadores a mantenerse activos después de la edad de retiro.

Pero los números muestran que España aún está muy lejos de donde debería estar. En julio pasado, apenas 79.475 personas compatibilizaban salario y pensión a través de las distintas modalidades de jubilación activa y flexible. Eso representa un aumento del 9,5% respecto a un año antes, pero es menos del 1% de los diez millones de pensionistas que hay en el país. Comparado con Europa, la brecha es aún más profunda: solo el 4,9% de los nuevos jubilados españoles sigue trabajando después de retirarse, frente al 13% de media en la Unión Europea.

Los expertos advierten que la complejidad puede sabotear la intención. La OCDE reconoce que las reformas españolas avanzan hacia mayor flexibilidad, pero señala que persisten obstáculos que limitan la capacidad y disposición de los trabajadores mayores para seguir empleados. Más concretamente, advierte que la complejidad administrativa y el escaso conocimiento de los derechos existentes pueden reducir la efectividad de los cambios. Los economistas Nacho Conde-Ruiz y Jesús Lahera, en un análisis reciente, van más allá: señalan que la coexistencia de tres esquemas distintos —activo, parcial y flexible— con lógicas diferentes en cuanto a cotización, cuantía y elegibilidad genera inequidad y confusión. Sin un marco común que unifique los criterios de acceso, cálculo y cotización, advierten, el sistema corre el riesgo de fragmentarse en regímenes superpuestos y poco utilizados.

Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social bajo cuatro ministros distintos, considera que las reformas del Gobierno actual van en la buena dirección, pero reconoce que siempre serán necesarias nuevas adaptaciones. Observa que en algunas ocupaciones ya existe una cultura de retrasar la jubilación que no había hace pocos años, pero en otras aún no. Sugiere que sería útil hacer un análisis sociológico que identifique en qué sectores convendría consolidar una jubilación más demorada, acompañada de reducciones graduales de jornada. Lo que está claro es que los cambios que entran en vigor este viernes son solo un paso más en un camino que España aún tiene que recorrer.