En un país donde la energía, el agua y la confianza en las instituciones pesan cada vez más, los votantes han dicho no, casi en bloque, a la llegada de los grandes centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. Lo ocurrido en las elecciones de medio mandato no es solo un revés para un sector que prometía riqueza y empleo, sino el eco de una pregunta más antigua: quién paga el precio de progresar y quién decide dónde se levanta. Mientras las grandes inversiones se planean en Ohio, Texas y Virginia, las comunidades empiezan a reclamar su parte de la decisión. El rumbo que tome la reg
Los centros de datos también pierden en las urnas: 40 de 41 propuestas para instalarlos fracasan en EE. UU.
De 41 votaciones sobre centros de datos, 40 terminaron en rechazo
Cuarenta de 41 es un resultado abrumador. ¿Qué dice realmente?
Que la oposición local es fuerte y concreta: facturas de energía, agua y permisos poco transparentes. Ohio sumó 21 de los rechazos.
¿Y por qué importa más allá de cada pueblo?
Porque los demócratas controlarán ambas cámaras y los analistas esperan más regulación, sobre todo estatal, con impuestos y menos incentivos.
Un matiz: el 40 de 41 viene de Ballotpedia, y no sabemos cuán parecidas eran las votaciones entre sí. No todas eran un referéndum limpio sobre un centro de datos.
Entonces, ¿se puede decir que los votantes rechazan la IA?
No lo dice la fuente. Habla de rechazo a instalaciones concretas. Y lo de que uno de cada siete estadounidenses esté preocupado es una cifra de ING Research, no un sondeo contrastado aquí.
Tampoco es seguro el impacto económico: UBS habla de un 30% de capacidad prevista para 2028 "en riesgo", una estimación.
¿Y una ley federal?
Es una valoración de una analista: el veto de Trump podría bloquearla. Aún no hay ley ni texto, así que es una previsión.
Lo que sí está claro es que el debate se traslada a los parlamentos estatales.
Le Pouls
- Cuarenta de cuarenta y una propuestas sobre centros de datos fueron rechazadas en diez Estados, y el único triunfo llegó desde un pueblo de Dakota del Norte.
- Las facturas de luz, el agua escasa y los permisos opacos han encendido a vecinos que ya no quieren ver estas instalaciones junto a sus casas.
- En Ohio, donde se proyecta el mayor campus de IA del mundo, veintiún proyectos se hundieron y la nueva gobernadora exige una moratoria.
- En Texas, la promesa de atraer empresas con impuestos bajos choca con una nueva ola de desconfianza que ha cambiado el resultado de la política local.
- Las acciones tecnológicas cayeron mientras UBS advierte que una parte importante de la capacidad prevista para 2028 podría frenarse, y la regulación estatal se perfila como el próximo campo de batalla.
En un país donde la energía, el agua y la confianza en las instituciones pesan cada vez más, los votantes han dicho no, casi en bloque, a la llegada de los grandes centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. Lo ocurrido en las elecciones de medio mandato no es solo un revés para un sector que prometía riqueza y empleo, sino el eco de una pregunta más antigua: quién paga el precio de progresar y quién decide dónde se levanta. Mientras las grandes inversiones se planean en Ohio, Texas y Virginia, las comunidades empiezan a reclamar su parte de la decisión. El rumbo que tome la regulación dirá si la prisa tecnológica encuentra límites o si el conflicto apenas comienza.
En Harwood, un pueblo de poco más de mil habitantes en Dakota del Norte, los vecinos decidieron no revisar los requisitos para proyectos industriales. Fue el único centro de datos aprobado en las urnas el pasado martes. Lo demás fue un rechazo casi total: de 41 votaciones en diez Estados, 40 terminaron en no, según Ballotpedia.
Las elecciones de medio mandato renovaron el Congreso, pero también pusieron sobre la mesa normas locales que limitaban estas instalaciones. El resultado sacudió a las tecnológicas, que vieron caer sus acciones con fuerza. El descontento se extendió por California, Florida, Illinois y otros estados, pero se concentró en Ohio, donde se hundieron 21 proyectos. Allí ganó la gobernación Amy Acton, que propone una moratoria hasta que las empresas paguen todos los costes públicos.
El conflicto es especialmente visible en Ohio, donde OpenAI proyecta un enorme campus de IA con inversiones que podrían superar los 500.000 millones de dólares. Las quejas son conocidas: facturas más caras, agua escasa y permisos poco transparentes. Algunos expertos advierten de que los acuerdos de confidencialidad entre promotores y funcionarios han alimentado sospechas de favoritismos.
Texas plantea una paradoja. El Estado atrajo empresas que huían de California y aspira a liderar el mercado de centros de datos, pero también ha visto cómo la desconfianza local cambiaba la política. Según UBS, hasta el 30% de la capacidad prevista para 2028 podría verse afectada. Los analistas creen que llegará una regulación sobre todo estatal, con impuestos y menos incentivos, mientras una ley federal parece difícil por el posible veto de Trump.
En Harwood, un pueblo de poco más de 1.000 habitantes en Dakota del Norte, los votantes decidieron no volver a revisar los requisitos para proyectos industriales. Con ello salió adelante el único centro de datos aprobado en las urnas el pasado martes. Fue la excepción: de 41 votaciones sobre estas instalaciones celebradas en 10 Estados, 40 terminaron en rechazo, según un informe de Ballotpedia.
Las elecciones de medio mandato no solo renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. También se votaron gobernadores, alcaldes, otros cargos y numerosas normas locales, entre ellas las que limitaban la instalación de centros de datos. La victoria demócrata les da el control de las dos cámaras del Congreso, y las acciones del sector tecnológico cayeron con fuerza este jueves.
El rechazo se extendió por California, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Nueva Jersey, Nevada y Wisconsin. Pero tres Estados concentran la tensión: Ohio, Texas y Virginia. Solo en Ohio se hundieron 21 proyectos, la mitad del total. Allí ganó la gobernación Amy Acton, una doctora que derrotó al empresario republicano Vivek Ramaswamy tras una campaña con duros ataques personales. Acton defiende una moratoria hasta que los centros de datos se comprometan a cubrir todos los costes de los servicios públicos y permitan sindicarse a los trabajadores de la construcción.
Ohio es además uno de los epicentros del negocio. OpenAI ha proyectado allí el mayor campus de centros de datos de IA del mundo, financiado por un grupo de bancos de inversión y Nvidia, con una inversión que podría superar los 500.000 millones de dólares, según CNBC. El senador demócrata electo Sherrod Brown hizo de estas instalaciones un blanco de campaña: en su discurso de victoria dijo que no trabaja para los lobbys, ni para los centros de datos, ni para Wall Street.
Las quejas son conocidas: facturas de energía más caras para las comunidades, consumo excesivo de agua en zonas de escasez y opacidad en permisos y ayudas fiscales. Nicol Turner Lee, de Brookings, señala que los acuerdos de confidencialidad entre promotores y funcionarios locales han avivado la sospecha de pactos que benefician a gente con información privilegiada. Prevé que las batallas legales y políticas continúen en los próximos años. Según Coco Zhang, de ING Research, uno de cada siete estadounidenses está preocupado o se opone a estos desarrollos en su barrio.
Texas ofrece una paradoja. El Estado atrajo a empresas tecnológicas que huían de California por los impuestos, con Elon Musk a la cabeza, y aspira a ser el mayor mercado de centros de datos del mundo en 2030. Musk aportó 474 millones de dólares a candidatos conservadores allí. El gobernador republicano Greg Abbott llegó a bloquear construcciones para frenar a su rival, Gina Hinojosa, que finalmente ganó el cargo.
El efecto económico ya se calcula: UBS estima que el 30% de la capacidad adicional prevista en Estados Unidos para 2028 podría estar en riesgo por interrupciones en la construcción. Zhang cree que lo más probable es una regulación dirigida, sobre todo estatal, con impuestos específicos, menos incentivos fiscales, estándares medioambientales y la exigencia de que los promotores asuman aumentos de costes relevantes. Darrell West, también de Brookings, apunta que la opinión pública ha cambiado mucho en el último año. En el ámbito federal, Zhang ve difícil una ley, porque Donald Trump podría vetarla.
Citations marquantes
Las políticas públicas reflejarán la opinión pública, y ha habido un cambio muy significativo en el último año.— Darrell West, Brookings Institution
No trabajo para los lobbys, no trabajo para los centros de datos, no trabajo para Wall Street, trabajo para ustedes.— Sherrod Brown, senador demócrata electo por Ohio