Ley HB 1365 de Florida: qué restricciones impone DeSantis sobre dormir en espacios públicos

En 2024, Florida aprobó una ley que redefine dónde y cómo pueden vivir las personas sin hogar en espacios públicos. La HB 1365, firmada por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe acampar o dormir en calles, aceras, parques y edificios públicos, salvo en lugares específicamente certificados y regulados por el estado. La norma entra en vigor como la sección 125.0231 de los Estatutos de Florida y marca un cambio significativo en cómo los gobiernos locales deben gestionar la población sin techo, especialmente en ciudades como Miami, Orlando, Tampa y otras zonas del corredor de la I-95, donde los campamentos improvisados bajo puentes, en parques y cerca de zonas comerciales se han vuelto visibles para residentes y negocios.

Para la comunidad hispana que vive en Florida —trabajadores en construcción, limpieza, hospitalidad y servicios que a menudo comparten vivienda o envían remesas— esta ley tiene implicaciones directas en cómo se organizarán los campamentos en sus barrios y qué tipo de ayuda se ofrecerá a personas sin techo cerca de escuelas, iglesias y centros comunitarios. La ley no busca simplemente despejar las calles, sino trasladar cualquier alojamiento al aire libre a lugares autorizados y certificados por el Department of Children and Families, bajo estándares mínimos de seguridad, higiene y atención.

La ley define con precisión qué conductas constituyen "acampar o dormir en espacios públicos": permanecer durante la noche en un lugar al aire libre usado como vivienda temporal, ya sea mediante una tienda de campaña, refugio improvisado, ropa de cama, almohadas o pertenencias personales que evidencien ocupación permanente, incluyendo dormir al aire libre sin carpa. Sin embargo, la norma excluye explícitamente dormir dentro de un vehículo registrado, asegurado y estacionado legalmente, así como acampar con fines recreativos en lugares autorizados como campgrounds oficiales o parques estatales. Esto significa que una familia hispana que descansa en su SUV registrada en un estacionamiento legal o que hace camping de fin de semana en un parque habilitado no incurre en violación.

Aunque la HB 1365 establece una prohibición general, los condados mantienen una vía limitada para habilitar terrenos destinados temporalmente al alojamiento de personas sin hogar cuando no hay suficientes camas disponibles en refugios. Antes de hacerlo, deben demostrar ante el DCF que cumplen varios requisitos, lo que obliga a una planificación más seria a nivel local. El DCF dispone de hasta 45 días para certificar la designación; si no responde dentro de ese plazo, la certificación se considera aprobada automáticamente. Este mecanismo será clave en condados con alta población latina como Miami-Dade, Broward, Orange e Hillsborough, donde iglesias, organizaciones comunitarias y ONG hispanas suelen involucrarse en la atención a personas sin hogar.

Los espacios certificados deben cumplir obligaciones específicas: garantizar la seguridad del lugar y de sus ocupantes con presencia de personal y coordinación con autoridades, mantener baños limpios y funcionales, proporcionar acceso permanente a agua corriente, coordinar servicios de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias, prohibir el consumo de drogas ilegales y alcohol dentro del área designada, y publicar estas normas en los sitios web oficiales del condado y municipio. El objetivo declarado es proteger la salud, seguridad, bienestar, calidad de vida y estética de las comunidades, combinando orden público con cierta oferta de servicios para quienes no tienen vivienda.

Un aspecto crucial para residentes, dueños de negocios y organizaciones comunitarias es el mecanismo de cumplimiento. A partir del 1 de enero de 2025, residentes del condado, propietarios de negocios e incluso el Attorney General de Florida pueden presentar una demanda civil para que un tribunal ordene poner fin a una presunta violación de la ley. El procedimiento requiere notificación por escrito al gobierno local con cinco días hábiles para corregir la situación; si no hay corrección, se puede presentar una demanda civil. Si el demandante obtiene un fallo favorable, el tribunal puede ordenar al gobierno local el pago de gastos judiciales y honorarios razonables de abogados. Esto abre la puerta a que un comerciante latino de Hialeah, Kissimmee o West Tampa reclame ante la justicia si considera que su ciudad no está aplicando la ley frente a campamentos que afectan su negocio o entorno.

La ley contempla excepciones importantes para situaciones de emergencia. Sus restricciones no se aplican cuando el gobernador declara un estado de emergencia y suspende temporalmente sus disposiciones, ni durante determinadas emergencias declaradas conforme a la legislación estatal. Esto significa que si Florida enfrenta un huracán fuerte o una tormenta que obliga a evacuar barrios completos, las autoridades pueden habilitar soluciones temporales distintas sin incurrir en violación de la HB 1365. En esos escenarios, la prioridad suele ser proteger la vida de personas sin hogar y familias de bajos ingresos, muchas de ellas hispanas, que viven en zonas vulnerables a inundaciones. La implementación de esta ley en los próximos meses revelará si los condados pueden cumplir realmente con los estándares prometidos y si los espacios regulados ofrecerán las condiciones mínimas de seguridad y servicios que la norma exige.