León XIV pide que la energía y la minería beneficien a las comunidades y cuiden el ambiente

El Palacio Libertad fue el escenario donde León XIV habló ante una representación amplia de la dirigencia argentina: funcionarios nacionales, gobernadores de provincias productoras de energía y minerales y de otras cuyo perfil económico no depende de esas actividades, legisladores y representantes sociales, entre ellos ambientalistas, según pudo saber Energy Report. Ante ese público, el Papa reconoció el potencial energético y minero del país, pero advirtió que su aprovechamiento debe preservar los territorios y mejorar la vida de quienes los habitan.

Su reflexión no se detuvo en lo ambiental. Vinculó el desarrollo de los recursos con los cambios tecnológicos y mencionó los avances que abren posibilidades impensables hace pocos años y plantean interrogantes de gran alcance, sobre todo en torno a la inteligencia artificial. Señaló su impacto potencial en la medicina, la educación, la producción y la investigación, y sostuvo que las decisiones sobre su aplicación deben contemplar las consecuencias. Para él, el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura.

También pidió mirar el futuro argentino en clave regional. Recordó que los grandes ríos y los ecosistemas cruzan fronteras, igual que los flujos de energía, alimentos, conocimiento y personas, y consideró que América del Sur comparte una importante riqueza humana y natural, además de vínculos históricos y culturales. Dijo que la Argentina puede aportar su experiencia y sus capacidades a una agenda regional de desarrollo y cooperación, y que fortalecer los espacios de encuentro es una forma de asumir juntos responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado.

En el tramo final, el Pontífice advirtió sobre el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción. Según dijo, además de sus consecuencias sociales e institucionales, estos males pueden comprometer la capacidad de los Estados para garantizar controles, transparencia y políticas orientadas al bien común.

Las palabras de León XIV remitieron a la encíclica Laudato si’, publicada por Francisco en 2015, que planteaba que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental. Francisco no oponía actividad económica y cuidado del ambiente: detallaba las condiciones que un proyecto productivo debía cumplir. Escribió que un estudio de impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración del proyecto, sino incorporarse desde el comienzo, con enfoque interdisciplinario, transparente e independiente de presiones económicas o políticas. Pidió que se evaluaran las condiciones de trabajo, la salud, la economía local y la seguridad, y que los habitantes de las zonas afectadas tuvieran un lugar privilegiado en la discusión, con información adecuada y con participación que incluyera seguimiento y monitoreo constantes.

La encíclica también asignó tareas a los Estados. En el punto 177 describió como función impostergable de cada gobierno planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su territorio. En el 184 pidió comparar riesgos y beneficios de las alternativas, y propuso preguntas para cada proyecto: qué busca, dónde se realiza, para quién, qué riesgos y costos implica y quién debe asumirlos. Hizo una advertencia especial sobre el agua, a la que definió como recurso escaso, indispensable y derecho fundamental. En materia energética, el punto 165 planteaba reemplazar progresivamente y sin demora las tecnologías basadas en combustibles fósiles muy contaminantes, aunque admitía soluciones transitorias mientras las renovables no estuvieran suficientemente desarrolladas. Destacó además las iniciativas locales de energía renovable y escribió que, si los ciudadanos no controlan al poder político, tampoco es posible controlar los daños ambientales.

El mensaje llega cuando la energía y la minería ganan peso en las expectativas de inversión, exportación y divisas: Vaca Muerta, el litio del NOA, el cobre en San Juan y otras provincias, el oro y la plata, las centrales hidroeléctricas y nucleares y las renovables. La inversión puede traducirse en empleo directo e indirecto, contratación de empresas locales, infraestructura, capacitación y más ingresos provinciales, pero eso exige que los proyectos se integren a las economías regionales y consideren su efecto sobre el agua, el suelo y la biodiversidad.

Según la lectura del medio, la advertencia no cuestionó la explotación de recursos ni invitó a renunciar a oportunidades productivas: pidió que el desarrollo tenga finalidad humana y social y que las decisiones sobre el territorio no se tomen al margen de quienes lo habitan. Queda por ver si las provincias productoras incorporan esos criterios en sus decisiones de inversión y en sus controles.