Las nacionalizaciones de la revolución cubana siguen condicionando el diálogo con EE.UU. y los reclamos por US$ 9.000 millones

A fines de 1960, un agente armado con una ametralladora entró al Banco Pedroso, en La Habana, y echó a sus dueños para confiscar la entidad. Les dijeron que desde ese momento era el banco del pueblo. Ni siquiera pudieron llevarse las fotos familiares que colgaban de las paredes de su oficina. Lo contó a la agencia AP el abogado Raul Valdes-Fauli, cuya familia había fundado el banco y que décadas después sería alcalde de Coral Gables, en el área de Miami. Aquella escena se repitió miles de veces, y seis décadas más tarde sigue pesando en cualquier conversación entre Washington y La Habana.

El tema volvió a aparecer en los contactos incipientes de este año. Son miles de reclamos de personas y empresas estadounidenses por las expropiaciones del gobierno castrista, con un valor estimado de más de US$ 9.000 millones. Surgen en un momento de renovada presión de EE.UU. sobre Cuba, con un boicot energético y la posible imputación del expresidente Raúl Castro. El gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó la idea de un cambio de régimen, pero el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío dijo en marzo que tanto estos reclamos como las compensaciones que Cuba exige por el embargo son temas legítimos, complejos, que se pueden conversar.

La ola de nacionalizaciones comenzó con la reforma agraria de 1959, que fijó límites a la tierra en manos extranjeras; varios empresarios estadounidenses los excedían con sus latifundios. Al año siguiente, Cuba nacionalizó de forma masiva empresas de EE.UU.: refinerías, plantas azucareras, bancos y compañías eléctricas. Washington respondió con sanciones, y el presidente Dwight Eisenhower estableció el primer embargo, una prohibición de exportaciones con excepción de medicinas y algunos alimentos.

Las interpretaciones difieren. El economista Ricardo Torres, exdocente de la Universidad de La Habana y hoy profesor en la American University, explica que Cuba optó gradualmente por un modelo estatal dominante, incompatible con la presencia de empresas extranjeras, aunque existe también una narrativa que ve las nacionalizaciones como reacción a medidas estadounidenses. La historiadora Lillian Guerra, directora del Programa de Cuba en la Universidad de Florida, sostiene que la nacionalización de la infraestructura era un proyecto anterior a la carrera política de Castro y que Fidel provocó un enfrentamiento sabiendo cómo jugaría Eisenhower. Recuerda que el proceso tuvo respaldo popular, con un discurso de soberanía, aunque buena parte de la prensa ya estaba nacionalizada, lo que daba un enorme poder a la narrativa oficial.

En esa década, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE.UU. certificó casi 6.000 reclamos, con un valor original de unos US$ 1.900 millones que, actualizados con intereses, se acercan a los US$ 10.000 millones. En 2005 se reabrió brevemente la posibilidad de presentarlos y se certificaron dos más, uno de ellos por US$ 50 millones. En los años 90, bajo Bill Clinton, el embargo se reforzó con la ley de Democracia Cubana (1992) y la Helms-Burton (1996), aprobada tras el derribo de dos naves privadas por cazas cubanos, que según EE.UU. ocurrió en espacio aéreo internacional. Su título III permite demandar a quienes trafiquen con propiedades confiscadas; estuvo dormido durante décadas hasta que Donald Trump lo activó en 2019. Hoy la Corte Suprema revisa dos casos, y si concede una excepción a la inmunidad de los gobiernos extranjeros podría desatarse una oleada de demandas.

La Helms-Burton pesa además en otro sentido: para levantar el embargo exige "medidas apropiadas para la devolución" de las propiedades confiscadas. Por eso, según el reporte, un escenario como el de Venezuela, con alivio de sanciones sin cambio político inmediato, sería más difícil con Cuba. Guerra, que declaró como testigo experta en dos litigios, opina que Trump no busca que ella recupere la casa de su abuelo en Fontanar, sino que las grandes familias recuperen lo que creen suyo.

Cuba recuerda que firmó acuerdos compensatorios con seis países, por montos mucho menores. Por su parte, reclama que el embargo le ha costado unos US$ 170.000 millones acumulados, según afirmó en 2025, y en 1999 un tribunal cubano condenó a EE.UU. a pagar US$ 181.100 millones por la muerte de 3.478 cubanos. Washington nunca validó públicamente esas cifras. Como precedente se cita a Vietnam, que dejó de insistir en las reparaciones sin renunciar formalmente a ellas, y obtuvo el fin del embargo y la normalización con Clinton.

Para Torres, el elemento dominante es el político. Cree que Cuba podría dejar de lado sus reclamos si se abre una oportunidad real, y que un pago masivo e inmediato sería imposible dada su crisis económica y energética; sí podrían plantearse pagos anuales. En el exilio hay optimismo: a inicios de abril, empresarios cubanoestadounidenses se reunieron en Miami y ofrecieron aportar a la reconstrucción de la isla, solo si Cuba "es libre" y protege la empresa privada.