La potencia eléctrica concedida para 'data centers' triplica las previsiones del Gobierno

España ha otorgado permisos para más de 12 gigavatios de capacidad eléctrica destinada a centros de datos, una cifra que triplica con creces lo que el Gobierno esperaba que el sector necesitaría hacia 2030. Red Eléctrica ha concedido más de seis gigavatios desde finales de 2023, mientras que las tres grandes distribuidoras del país —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han entregado aproximadamente otros seis desde 2020. La brecha entre lo que se ha prometido y lo que realmente se construirá amenaza con desestabilizar una red eléctrica ya bajo presión.

La carrera es frenética. Grandes tecnológicas, fondos de inversión y operadores especializados compiten por asegurarse acceso a electricidad para proyectos que aún no tienen ubicación definitiva. España aspira a convertirse en un polo europeo importante para estas instalaciones, pero el apetito inversor ha generado una distorsión: hay muchas más solicitudes y derechos concedidos que potencia que el sector previsiblemente demandará. La estrategia nacional de inteligencia artificial contempla alrededor de 2,5 gigavatios de capacidad de computación en 2030, lo que requeriría entre 3,5 y 4 gigavatios de potencia eléctrica. Los derechos ya concedidos están muy por encima de ese nivel, y las previsiones del propio sector y de analistas independientes se sitúan en cifras similares o incluso inferiores a las estimaciones oficiales.

El problema fundamental es que los permisos no se traducen automáticamente en infraestructura construida. Un mismo promotor puede solicitar capacidad en varios emplazamientos mientras decide dónde invertir finalmente. Para levantar una instalación necesita que coincidan simultáneamente disponibilidad de suelo, agua y electricidad, por lo que es normal estudiar varias ubicaciones y pedir acceso en todas ellas, aunque al final construya una sola. Diferenciar entre proyectos reales y movimientos especulativos es la clave regulatoria, pero también es extraordinariamente difícil, porque solicitar acceso en diferentes ubicaciones forma parte del desarrollo normal de grandes proyectos antes de elegir su emplazamiento definitivo.

Históricamente, los permisos de acceso tampoco han permitido identificar con suficiente precisión la actividad económica detrás de quiénes los solicitan. Esa carencia complica incluso evaluar si la primera limpieza impulsada por el Gobierno funcionó. Red Eléctrica comunicó renuncias de grandes consumidores antes del verano, pero no puede determinarse qué parte correspondía específicamente a centros de datos. Según fuentes conocedoras de la situación, hasta ahora no se ha producido una retirada masiva de proyectos.

El conflicto trasciende los centros de datos. España vive una carrera por conseguir acceso eléctrico en la que compiten nuevas fábricas, proyectos de hidrógeno, vivienda, ferrocarril y puertos. La propuesta de planificación eléctrica a 2030 pretende atender desde la red de transporte 27,7 gigavatios de nueva demanda, frente a apenas 2 gigavatios contemplados en la planificación vigente. De ellos, 9 gigavatios corresponden a proyectos industriales, 13,1 gigavatios a hidrógeno y 3,8 gigavatios a centros de procesamiento de datos. Que se conecte mucha demanda es el sueño del sector energético para evitar escenarios como el apagón del 28 de abril. Según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, la falta de capacidad en las redes ha dejado sin atender o bloqueado alrededor del 66% de las solicitudes de acceso, lo que equivale a unos 25 gigavatios de demanda no atendida en un año. El 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica se encuentran saturados.

Pero la competencia por la capacidad introduce una dificultad adicional. Atender las solicitudes de grandes consumidores obliga en muchos casos a reforzar las infraestructuras necesarias para conectarlos. La consecuencia puede ser que la capacidad eléctrica limitada quede comprometida durante años por proyectos que finalmente no lleguen a ejecutarse, mientras otras inversiones industriales necesitan conectarse. El escenario contrario también plantea dificultades. Si una proporción mucho mayor de los 12 gigavatios acaba materializándose, la demanda eléctrica de los centros de datos obligaría a adaptar tanto la planificación de las redes como la generación necesaria para abastecer estas infraestructuras.

Es en este contexto donde se enmarca la nueva regulación que el Ministerio para la Transición Ecológica está preparando. El Gobierno quiere que solo los mejores y más serios proyectos de centros de datos se desarrollen en España. Quienes invierten en centros de datos aseguran, por su parte, que el Ejecutivo no considera estratégico este sector y que su regulación espanta sus planes. La paradoja es que España se enfrenta simultáneamente a dos escenarios. Puede tener muchos más derechos eléctricos concedidos que centros de datos reales, o terminar teniendo muchos más centros de datos de los que había previsto alimentar. En ambos casos, el desfase condiciona una red que también debe absorber la electrificación del resto de la economía.