La oposición avanza con interpelación contra Francos en medio de división política

La Cámara de Diputados avanzó esta semana con dos caminos distintos para cuestionar al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, revelando una oposición fracturada sobre cómo responder a la decisión del Ejecutivo de suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad. El debate ocurre en plena campaña electoral, con los legisladores conscientes de que el voto del 26 de octubre redefinirá el peso político de cada bloque y, con él, el alcance de cualquier acción contra el funcionario.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, surgieron dos dictámenes con propósitos distintos. El primero, impulsado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y la diputada Marcela Pagano, propone interpelar a Francos y deja abierta la puerta a una eventual moción de censura. El segundo, respaldado por Fernando Carbajal de Democracia, Juan Manuel Brugge de Encuentro Federal y legisladores de la UCR, se detiene en la interpelación sin mencionar explícitamente el desafuero. La división refleja cálculos políticos distintos sobre cuánto presionar al Gobierno en un momento de incertidumbre electoral.

Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal fue directo en la comisión: no se podía ignorar que el Ejecutivo había incumplido una ley que el 70 por ciento de ambas cámaras había aprobado, una norma destinada a proteger a quienes más dependen del Estado. "No podemos fingir demencia cuando el Ejecutivo no cumple con una ley", dijo, fundamentando por qué la interpelación debía ser el primer paso y por qué la moción de censura no podía descartarse. Para Agost Carreño, el mecanismo era claro: interpelar primero, luego votar si el Congreso tenía confianza en las explicaciones del Jefe de Gabinete.

Pero el escenario político cambió en los últimos días. El respaldo de Estados Unidos al Gobierno y la reactivación del llamado "pacto de gobernabilidad" entre el oficialismo y sectores dialoguistas obligaron a los bloques opositores a recalcular. Una fuente de la comisión que coordinó las conversaciones entre los bloques fue explícita: "Lo que pudimos acordar es esto y esperar los resultados del 26 de octubre. No podíamos no hacer nada ni dejar caer el dictamen pero el escenario cambió en los últimos días". La frase resume la tensión: la oposición quería marcar una posición sin arriesgar demasiado antes de saber cuál sería su fuerza después de las elecciones.

El Gobierno, por su parte, habilitó informalmente la interpelación como una válvula de escape. La estrategia es conocida: Francos ya había pasado por una interpelación anterior, por el tema de la Libra, y había salido favorecido. Al permitir que avance la interpelación, el oficialismo apunta a desactivar la amenaza más seria, que es la moción de censura. Los legisladores opositores reconocen el cálculo: "No hay fecha para una interpelación, eso lo tiene que resolver el pleno de la Cámara y el resultado de las elecciones definirá si es solo una interpelación o también una moción de censura porque es poco probable que tengamos una sesión antes", explicó la misma fuente.

Desde el PRO, la reacción fue de rechazo a cualquier moción de censura. La diputada Silvana Giudici calificó el avance de una moción como "destituyente" y "aberración política", argumentando que Francos estaba cumpliendo su función y que una moción de censura contra él ni siquiera estaba reglamentada. El argumento refleja la defensa del Gobierno, pero también subraya que la batalla sobre Francos es, en realidad, una batalla sobre los límites del poder ejecutivo y la capacidad del Congreso para controlarlo.

Lo que queda claro es que la interpelación avanzará. Ambos dictámenes la incluyen. Pero si la moción de censura prospera dependerá de dos cosas: primero, de los resultados electorales del 26 de octubre, que definirán el balance de fuerzas en la Cámara; segundo, de si la oposición logra mantener la unidad después de esa fecha. Por ahora, la división es evidente, y el Gobierno ha ganado tiempo.