La Moncloa y Ceuta pactan espacios para migrantes en medio de tensión política inusual

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta durante veinticinco años, ha sido un político del PP conocido por su moderación y su disposición a colaborar con el Gobierno central. Pero el lunes pasado, algo se rompió. Amenazó con llevar al Gobierno ante los tribunales por lo que llamó "inacción" frente a la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma. Migrantes dormían en playas y zonas industriales, sin refugio ni dignidad. La tensión entre La Moncloa y Ceuta había alcanzado un punto que no se veía desde hace años.

Pero entonces ocurrió algo extraño. Poco después de lanzar esas amenazas sin precedentes, Vivas se sentó con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y en cuestión de horas, llegaron a un acuerdo. Habilitarían cuatro nuevos espacios capaces de acoger a mil quinientas personas, con posibilidad de ampliación en los días siguientes. El martes ya podría comenzar a recibirse a más gente. Las imágenes de desesperación en las playas podrían empezar a desaparecer.

El acuerdo fue rápido, pero la tensión política que lo precedió revela algo más profundo. Cinco años atrás, en 2021, cuando Ceuta vivió una crisis similar, la colaboración fue total. El Gobierno autonómico puso a disposición edificios públicos. No hubo enfrentamiento. Ahora todo es diferente. Según fuentes del Ejecutivo consultadas, Vivas ha endurecido su postura bajo una presión social muy fuerte y el crecimiento de discursos ultraderechistas en la ciudad. El PP a nivel nacional se ha vuelto más duro en temas migratorios, y Vox representa una amenaza electoral en unos comicios que se avecinan. La batalla política sobre migración que ha sacudido Europa ha llegado también a la política local española.

El Gobierno sostiene que el problema es que Ceuta ha optado por no acoger a los migrantes, esperando que se marchen por su cuenta. Y es verdad que la mayoría lo ha hecho. Pero algunos se quedan. Algunos han solicitado asilo. Otros están a la espera de resoluciones administrativas. Para el Ejecutivo, negarles acogida humanitaria solo genera problemas mayores. El equipo de Vivas, en cambio, insiste en que la situación es mucho peor que en 2021. Entonces había tres mil quinientas personas. Ahora hay nueve mil. Y el presidente ceutí exige que se aceleren las expulsiones, que se suspenda la tramitación del asilo desde la ciudad, que se envíen más funcionarios para procesar los casos.

Pero el Gobierno recuerda que todo está muy reglado. Hay precedentes incómodos: dos funcionarios de administraciones anteriores fueron inhabilitados por la justicia por haber devuelto de manera precipitada a menores a Marruecos. La regulación es compleja. Europa presiona para que no se devuelva gente de forma masiva. La solución, según el Ejecutivo, será gradual e individualizada, tratando de gestionar cada caso lo más rápido posible sin cometer irregularidades que luego condenen los tribunales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reprochó a Vivas que no hubiera puesto desde el primer momento a disposición ubicaciones que dependen de la ciudad, como sí ocurrió en 2021. "Estamos reclamando una gestión como la de 2021", dijo. El Gobierno ve en el acuerdo de este lunes un avance importante, pero también una confirmación de que la política local ha cambiado. Los nuevos espacios estarán en sitios más aislados, precisamente para evitar el rechazo vecinal que ha caracterizado esta crisis. El centro de internamiento temporal será reforzado con nuevos catres y contará con sectores solo para mujeres, un esfuerzo por proteger a las migrantes de agresiones sexuales.

Vivas, en su comparecencia extraordinaria, apeló repetidamente a la resistencia de los vecinos como explicación para el rechazo a distintas ubicaciones. Llegó a insinuar que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar retrasando decisiones para no incomodar a Marruecos. "Hasta la caída definitiva de Ceuta", deslizó, como si existiera una intención oculta de entregar la ciudad al país vecino. Pero minutos después, en la reunión con Saiz, el tono fue completamente diferente. El acuerdo llegó rápidamente.

El Ejecutivo interpreta que Vivas, con quien siempre ha tenido buena relación, está sobreactuando bajo una presión política y social muy fuerte. La ciudad vive en un estado de inquietud grave ante la posibilidad de que Marruecos permita en el futuro un nuevo asalto de este tipo. El ambiente antiinmigrante ha empeorado en cinco años. Los agitadores ultraderechistas y la propaganda racista en las redes tienen mucha más fuerza. Lo que antes era colaboración ahora es negociación tensa. Y aunque el acuerdo de este lunes representa un avance, las diferencias de fondo persisten. Ceuta exige expulsiones rápidas. El Gobierno prioriza acogida humanitaria. La solución será lenta, caso por caso, sin atajos que generen problemas legales después.