La hipocresía de Putin: acusar de terrorismo mientras se gobierna por el terror

Hace poco más de cuatro años que Rusia invadió Ucrania, y en ese tiempo Vladimir Putin ha construido un relato que invierte completamente la realidad de lo que sucede en el terreno. Ante los diputados reunidos en el Kremlin, acusó a los adversarios de Moscú de recurrir a métodos terroristas contra la población y las infraestructuras rusas, culpando a varios países europeos de respaldar estas acciones. La acusación es descarnada, casi desafiante en su cinismo.

Pero los hechos cuentan una historia radicalmente distinta. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania, ciudades enteras han sido reducidas a escombros. La Organización de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han documentado con precisión ataques sistemáticos contra objetivos civiles: hospitales, escuelas, plantas eléctricas, edificios residenciales. Durante los inviernos de 2022 y 2023, bombardeos masivos con misiles y drones destruyeron la red energética ucraniana, dejando a millones de personas sin luz, sin agua, sin calefacción mientras las temperaturas caían bajo cero.

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y contra Maria Lvova-Belova, la comisionada rusa para los Derechos del Niño, acusándolos de crímenes de guerra y de la deportación ilegal de menores ucranianos hacia territorio ruso. Hasta ahora, Ucrania ha confirmado que 20.570 niños fueron trasladados de esta manera. En ciudades como Bucha, Irpin y Mariúpol, equipos de investigación hallaron fosas comunes y civiles ejecutados. Las fuerzas rusas utilizaron armas explosivas de amplio alcance en zonas residenciales: bombardeos de tanques, artillería pesada, lanzacohetes múltiples, misiles y ataques aéreos.

Lo que hace particularmente insoportable el discurso de Putin es que mientras acusa a Occidente de terrorismo, su propio gobierno ha perfeccionado el arte de la represión interna. El caso de Alexei Navalny encapsula esta contradicción de manera brutal. En 2020, Navalny fue envenenado con Novichok, un agente nervioso de grado militar. Sobrevivió, regresó a Rusia y fue arrestado en el control de pasaportes. Un tribunal ruso lo condenó a diecinueve años de cárcel por fraude y desacato. Murió en febrero de 2024 en una prisión del Ártico. El Kremlin negó toda responsabilidad.

Navalny no es un caso aislado. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado una lista extensa de opositores, periodistas y exagentes que han muerto en circunstancias violentas, muchos envenenados. Medios de comunicación independientes han sido clausurados y sus periodistas se vieron obligados a exiliarse. Artistas como Zemfira y Monetochka abandonaron el país. Quienes permanecen enfrentan multas, encarcelamiento o la designación de agentes extranjeros.

Putin puede repetir la palabra terrorismo en todos los foros que desee, pero los hechos pesan más que los discursos. Acusar de terrorismo a Occidente mientras se gobierna mediante el terror no es simplemente hipocresía. Es un insulto flagrante a los miles de civiles muertos en Ucrania, a los miles de presos políticos vivos y asesinados en Rusia, y a la verdad misma.