La emergencia climática expone las grietas en la gestión del riesgo de Colombia

A principios de 2024, Colombia enfrentaba una sucesión de desastres naturales que dejaban al descubierto una verdad incómoda: el país posee una de las legislaciones más avanzadas del mundo en gestión de riesgos climáticos, pero carece de la capacidad institucional para ejecutarla. En enero, los Cerros Orientales de Bogotá ardieron. La carretera Quibdó-Medellín colapsó bajo derrumbes. El Valle del Cauca y la Amazonía sufrieron estragos que obligaron a bomberos y equipos de rescate a trabajar contra reloj. Cada crisis parecía confirmar lo que los expertos llevan años advirtiendo: entre la ley y la realidad existe un abismo.

Colombia construyó su marco normativo para la gestión de riesgos a través del dolor. El terremoto de Popayán en 1983 y la avalancha de Armero en 1985 fueron catalizadores que impulsaron décadas de refinamiento legislativo. Omar Darío Cardona, quien dirigió la Unidad de Gestión del Riesgo entre 1992 y 1995, explica que en los círculos científicos internacionales el país goza de prestigio precisamente por haber construido un sistema basado en la anticipación, no en la respuesta de emergencia. La ley 1523 establece tres niveles de acción: primero, conocer con detalle el nivel de riesgo y vulnerabilidad ambiental; segundo, reducir ese riesgo mediante obras de infraestructura, protección de barrios y construcción de defensas contra inundaciones; tercero, responder a la emergencia cuando ya está en curso. En teoría, es un enfoque integral que reconoce la complejidad de un país donde la pobreza, la marginalidad y el desarrollo urbano deficiente multiplican la vulnerabilidad ante cualquier fenómeno natural.

Pero la teoría choca contra la realidad institucional. Jair Torres, consultor internacional que ha trabajado para la ONU, señala que el plan nacional adolece de una comprensión y ejecución aún muy parcial. Más grave aún, el enfoque sigue pensando en un país continental cuando Colombia es también un país de islas y costas. El huracán Julia en 2022 demostró las consecuencias: San Andrés sufrió daños desproporcionados porque los planes de gestión de riesgos no contemplaban adecuadamente la realidad insular. Cardona va más lejos en su crítica: el Gobierno sabía que se aproximaba un fenómeno de El Niño anunciado científicamente, pero no preparó a nadie ni realizó gestión preventiva alguna. Cuando la crisis llegó, la respuesta fue remedial, es decir, reaccionaria y tardía.

La desarticulación entre los niveles nacional, departamental y municipal agrava el problema. Los Planes de Ordenamiento Territorial, que deberían ser el primer campo vital donde alcaldes y concejos diseñen ciudades con zonas seguras y condiciones ambientales apropiadas, funcionan de manera inconsistente. La UNGRD, que debería orquestar toda la tarea, depende de la ejecución de estamentos que no siempre tienen capacidad, recursos o voluntad política para actuar. Gustavo Wilches-Chaux, experto en derecho ambiental, define un desastre como un riesgo mal manejado. Desde esa perspectiva, muchos de los eventos de enero de 2024 no fueron inevitables sino consecuencia de decisiones humanas deficientes.

La crisis de competencia es particularmente aguda en la dirección de la UNGRD. Olmedo López Martínez, el actual director general, es un político de carrera sin formación técnica en gestión de riesgos. Fue suspendido temporalmente hasta finales de enero por la Procuraduría por su gestión negligente en la reconstrucción de Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico). Cardona no oculta su indignación: Colombia cuenta con especialistas que han dedicado sus vidas al estudio de estos temas, pero la Unidad está en manos de personas totalmente incompetentes. Desde el punto de vista técnico, dice, es una falta de respeto con la ciencia. El nombramiento de funcionarios sin perfil académico o laboral adecuado no es un detalle administrativo sino un síntoma de un problema más profundo: la politización de la gestión de riesgos.

Los expertos coinciden en que de poco sirve tener una legislación bien estructurada si los políticos no impulsan políticas públicas coherentes en sostenibilidad y desarrollo. Lo que emerge es un patrón de rumores sobre corrupción, corporaciones burocráticas que protegen presupuestos como botín partidista, y una desconexión entre la ambición del marco legal y la realidad de su implementación. Wilches-Chaux plantea que debe haber más compromiso político y mejor comunicación entre los distintos niveles del Estado. Propone un cambio de mentalidad: los desastres evitados son un buen indicador de desarrollo. La gestión de riesgos no debería ser el airbag que se infla cuando el choque ya es inevitable, sino el sistema de frenos que previene el accidente. Colombia tiene la ley. Lo que le falta es la voluntad política y la capacidad institucional para usarla.