La caída de Occidente: una columna de opinión sobre el vandalismo en París y Roma y el deber del orden

Una columna de opinión publicada por Infobae el 23 de octubre de 2026 parte de las imágenes recientes de París y Roma: calles históricas cubiertas de humo, adoquines usados como proyectiles y monumentos republicanos vandalizados bajo consignas de protesta. El texto no es una crónica de esos hechos. Es una interpretación de ellos, y conviene leerla como tal: no cita cifras, fechas, detenidos ni episodios concretos.

Para el autor, lo ocurrido no es un hecho aislado ni una protesta social más. Lo describe como el síntoma de una fractura estructural que amenaza la arquitectura de Occidente y como la deriva de la manifestación legítima hacia lo que llama nihilismo delictivo.

Su primer paso es identificar a los actores. Sostiene que no se trata de la clásica masa obrera de las revoluciones industriales ni de un movimiento estudiantil homogéneo con reformas programáticas. Habla, en cambio, de una amalgama de minorías radicalizadas, facciones anarquistas tácticas y sectores marginalizados que encuentran en la destrucción un fin en sí mismo. A su juicio, al atacar el mobiliario urbano y los símbolos estatales no se oponen a un gobierno de turno, sino al concepto de comunidad y al patrimonio colectivo.

Sobre las causas, el columnista menciona sociedades hiperconectadas pero atomizadas. Combina tres factores: frustración socioeconómica, erosión de instituciones intermedias como la familia, la escuela y los partidos tradicionales, y una crisis de integración cultural. Afirma que la falta de asimilación de ciertos sectores a los valores fundacionales de la civilización occidental generó guetos ideológicos y geográficos donde el resentimiento hacia el Estado se cultiva de forma sistemática. Es una afirmación del autor, no un dato respaldado en el texto. También advierte que, cuando el contrato social se rompe y los deberes se sustituyen por una demanda ilimitada de derechos, la intolerancia reemplaza al debate.

Hacia adelante, proyecta una inercia preocupante. Si el vandalismo es tolerado o minimizado por la corrección política, dice, tiende a ramificarse. Prevé una balcanización del espacio público, con calles convertidas en campos de batalla intermitentes, y el riesgo de que la violencia se institucionalice como único lenguaje de negociación, con daño a la previsibilidad política y a la paz civil necesarias para el desarrollo económico.

Su premisa de solución es que no se pueden construir consensos desde la claudicación: el diálogo exige desarme y acatamiento del marco legal. Ceder ante el chantaje callejero, argumenta, convalida a los radicalizados y deslegitima a las mayorías que canalizan su disenso por el voto y los mecanismos constitucionales. Pide trazar una línea roja entre la protesta pacífica y el delito común.

La propuesta tiene tres ejes. El primero es restaurar la autoridad y el orden público: el Estado debe ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar la ley a los responsables materiales e intelectuales, algo que el autor define como defensa de la libertad y no como autoritarismo. El segundo es reivindicar los valores republicanos y cívicos, con una pedagogía de los deberes ciudadanos que incluya respeto a las instituciones, tolerancia, laicismo y valor de la ley, y con la integración cultural como requisito de convivencia. El tercero es abrir canales institucionales sin ceder posiciones: escuchar demandas de fondo en educación, empleo o infraestructura urbana, pero procesarlas solo en parlamentos y mesas técnicas.

La columna concluye que la estabilidad futura dependerá de la firmeza con que hoy se defiendan las reglas, y que permitir que la violencia dicte la agenda sería el principio del fin de la convivencia democrática. Queda por ver qué políticas concretas respaldarían ese planteo, que el texto no detalla.