Kast ingresa reforma de seguridad con suma urgencia: 8 medidas contra crimen organizado

El lunes, el Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó ante el Senado una reforma constitucional ambiciosa diseñada para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo. El proyecto, ingresado con suma urgencia, forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y cuenta con un plazo de apenas 15 días para su discusión legislativa, un cronograma que se verá además condicionado por la próxima semana distrital.

La iniciativa propone ocho modificaciones constitucionales que, en conjunto, buscan reconfigurar significativamente el marco legal de seguridad pública. En primer lugar, la reforma incorpora explícitamente la seguridad pública como un deber del Estado, precisando así la obligación estatal de resguardar tanto la seguridad nacional como el orden público. Complementando esta base, el proyecto crea un nuevo artículo 9° bis que reconoce constitucionalmente la protección frente al crimen organizado, habilitando regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por estos delitos. Quienes sean sentenciados por actividades vinculadas al crimen organizado enfrentarían inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de restricciones en acceso a beneficios penitenciarios y penas sustitutivas. El Estado también podría restringir sus comunicaciones, visitas, traslados y otros derechos cuando sea necesario para impedir que continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.

Otra medida central permite que una ley establezca registros de organizaciones criminales, cuyos efectos se reflejarían en la determinación de responsabilidad penal de sus integrantes, aunque sin eliminar la obligación del Ministerio Público de acreditar participación individual. Estrechamente ligado a esto, el proyecto otorga al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Tal declaración requeriría posteriormente aprobación del Senado con quórum de dos tercios en sesión secreta, y la Cámara Alta tendría cinco días para pronunciarse sin poder introducir modificaciones.

La reforma también amplía las causales constitucionales para considerar no solo la calamidad pública, sino también una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública. Sobre esta base, el proyecto crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que el presidente podría declarar ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. Este estado podría extenderse por un máximo de 120 días, con posibilidad de prórroga por igual período, aunque sucesivas extensiones requerirían acuerdo del Congreso Nacional.

Durante la vigencia de este estado de excepción, las zonas afectadas quedarían bajo dependencia inmediata de un oficial general designado por el presidente. Una ley orgánica constitucional deberá establecer las atribuciones específicas de esa autoridad, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas. Declarado el estado de excepción, el presidente podría suspender o restringir la libertad personal, la libertad de locomoción y el derecho de reunión. También podría restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes.

La iniciativa lleva las firmas del presidente Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. El proyecto representa una expansión significativa de los poderes ejecutivos en materia de seguridad pública y abre un período de debate legislativo intenso sobre los límites constitucionales de esas facultades.