En España, el juez Peinado ha ordenado llevar a juicio a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias, abriendo una nueva fase en un caso que desde su inicio ha desbordado los límites de lo estrictamente judicial. Antes de que se nombre siquiera a los jurados, el Gobierno ya cuestiona su imparcialidad, una maniobra que revela cuánto está en juego: no solo el destino legal de una persona, sino la confianza colectiva en las instituciones que sostienen la democracia. La posible coincidencia del juicio con un período electoral convierte este proceso en un campo de batalla donde la justic