JNE y un sistema electoral fuera de ritmo

En democracias que recurren a una segunda vuelta electoral, el intervalo entre ambas votaciones suele ser breve: un mes, a veces menos. Argentina lo hizo así en 2023, con apenas 28 días entre la primera vuelta del 22 de octubre y la segunda del 19 de noviembre. Brasil seguirá el mismo patrón este año, votando el 4 de octubre y nuevamente el 25. Estos cronogramas comprimidos son posibles porque esos países cuentan con sistemas de conteo modernos, confiables y ágiles, capaces de entregar resultados preliminares en días, no semanas.

Perú opera bajo una lógica distinta. Entre su primera vuelta del 12 de abril y la segunda prevista para el 7 de junio median casi dos meses. Dos semanas después de la votación inicial, la identidad del segundo candidato seguía siendo un misterio. Lo notable es que Argentina y Brasil no tienen ventajas obvias que expliquen su velocidad. Ambos países superan a Perú en cantidad de votantes y en extensión territorial. Ambos enfrentan geografías complicadas y desafíos de accesibilidad que, en teoría, deberían ralentizar sus procesos. Sin embargo, lo logran. El caos logístico que marcó el 12 de abril en Perú, además, no ocurrió en zonas remotas sino en Lima, la capital, donde los obstáculos de acceso no pueden invocarse como justificación.

El conteo de votos, responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), concluyó apenas la semana pasada. Pero aproximadamente 5,000 actas electorales fueron observadas, lo que representa el 5.6% del total. Esto obligó a los jurados electorales especiales (JEE) a iniciar una revisión y recuento adicional, también la semana pasada. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral del país, fijó el 7 de mayo como fecha límite para completar este trabajo. Esa decisión fue comunicada el fin de semana, modificando el plazo original del 15 de mayo.

Lo inquietante es que la autoridad electoral máxima redefiniera plazos en mitad del proceso electoral. El JNE argumentó que buscaba simplificar procedimientos, pero una simplificación de esa magnitud debería haberse previsto y comunicado mucho antes de que los peruanos votaran. Además, el JNE declaró inviable la realización de elecciones complementarias en determinadas mesas de Lima, una decisión que añade más capas de complejidad a un proceso ya de por sí desordenado.

La preparación del JNE parece haber sido insuficiente. Pero la institución no se limitó a reconocer sus propias limitaciones. En cambio, se sumó a las críticas contra la ONPE. Un día después de la primera vuelta, el procurador público del JNE presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE. Corvetto renunció el martes pasado, y su renuncia fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que lo había designado en 2020. Esto presenta un problema legal: la ley establece que el cargo de jefe de la ONPE es irrenunciable mientras exista una elección en curso, y claramente la hay. El hecho de que la JNJ aceptara la renuncia bajo estas circunstancias cuestiona tanto el conocimiento de la ley como el respeto por ella.

Hasta ahora, el JNE no ha informado si existen otros casos de destrucción de cédulas de sufragio similares al que cometió una de sus fiscalizadoras en Trujillo. El silencio sobre este punto es revelador. Lo que emerge de este panorama es un sistema electoral que no solo funciona lentamente, sino que también carece de claridad sobre sus propios procedimientos y de coherencia en su aplicación de la ley. Mientras Perú se prepara para una segunda vuelta en junio, las instituciones electorales siguen demostrando que no están sincronizadas con los estándares que otras democracias de la región han logrado establecer.