De la Espriella ofrece disculpas públicas por acto religioso en posesión tras orden judicial

El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al país el domingo 30 de agosto para ofrecer disculpas públicas por los actos religiosos que marcaron su ceremonia de posesión tres semanas atrás. La declaración llegó en cumplimiento de una orden judicial emitida el 26 de agosto por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que había fallado a favor de un ciudadano que presentó una acción de tutela cuestionando si la ceremonia del 7 de agosto había vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y culto.

Durante la posesión presidencial, la ceremonia incluyó un espacio formal denominado "invocación y alabanza" en el que participaron representantes de tres tradiciones religiosas: la católica, la judía y la evangélica. En el lugar también estaba presente una imagen de la Virgen de Fátima. Para el juez que conoció el caso, esta combinación de elementos religiosos dentro de un acto oficial del Estado comprometía el principio fundamental de neutralidad religiosa que debe caracterizar las instituciones públicas. El punto no era cuestionar el derecho personal del presidente a practicar su fe católica, sino establecer dónde termina la libertad religiosa individual y dónde comienza la obligación del Estado de mantenerse neutral en materia de creencias.

En su intervención del domingo, De la Espriella explicó cómo se había organizado la ceremonia. Señaló que el acto de transmisión de mando formaba parte del orden del día de la sesión conjunta del Congreso, y que ese orden del día, que incluía el punto de "invocación", había sido aprobado previamente por las mesas directivas de ambas cámaras. Luego hizo una declaración sobre sus propias convicciones: se identificó como católico y creyente, pero enfatizó que reconoce la separación entre la Iglesia y el Estado y que, en el ejercicio de su cargo, garantizará las libertades y derechos de todos los ciudadanos sin distinción de sus creencias religiosas.

El momento central de su alocución llegó cuando ofreció las disculpas que el fallo le había ordenado. "Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de Jefe de Estado ofrezco excusas por ello", expresó. La formulación fue cuidadosa: no negaba que el acto había ocurrido ni que podría haber causado molestia, pero tampoco asumía una culpa total. Reconocía simplemente que la ceremonia pudo haber generado incomodidad u ofensa, y por ello ofrecía sus disculpas.

El fallo judicial no se limitó a ordenar la disculpa presidencial. Estableció varias medidas adicionales dirigidas a diferentes instituciones. La Presidencia de la República deberá expedir una directiva para los servidores públicos que establezca parámetros sobre el respeto de la neutralidad religiosa en actos oficiales, con el propósito de evitar que futuras actividades institucionales puedan interpretarse como una preferencia estatal hacia una religión determinada. El presidente del Congreso también fue ordenado a ofrecer disculpas públicas y a comprometerse con garantizar que futuras actuaciones institucionales no se interpreten como una inclinación hacia una confesión religiosa específica.

Con la disculpa pública ofrecida el domingo, al menos una de las órdenes judiciales quedó materialmente cumplida. Sin embargo, las demás medidas tienen destinatarios y actuaciones diferentes que deberán verificarse según las acciones que realicen la Presidencia y el Congreso en los próximos días. El fallo deja claro que la discusión no es sobre si el presidente tiene derecho a sus creencias personales—claramente lo tiene—sino sobre los límites de esa libertad cuando las convicciones personales se incorporan a ceremonias que representan al Estado ante todos los ciudadanos, creyentes o no, de cualquier fe o de ninguna.