La inhabilitación es permanente, sin excepciones ni rehabilitación
En el Perú preelectoral de abril de 2026, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura de Mario Vizcarra Cornejo al Senado, aplicando una prohibición legal que no admite excepciones para quienes han sido condenados por corrupción. La sentencia firme por peculado que pesa sobre el hermano del expresidente Martín Vizcarra se convirtió en un muro infranqueable, recordándonos que las democracias construyen sus defensas más duraderas no en la voluntad de los jueces, sino en la firmeza de sus leyes. La decisión plantea, una vez más, la tensión entre el derecho a participar en política y la obligación del Estado de proteger la integridad de sus instituciones.
- Mario Vizcarra enfrenta una doble exclusión: primero su candidatura presidencial fue tachada, y ahora su aspiración al Senado queda también cerrada por una condena firme por peculado.
- El artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones no deja margen: la inhabilitación para candidatos condenados por corrupción es permanente, incluso si han sido rehabilitados penalmente.
- El JEE argumentó que restringir este derecho político es razonable, necesario y proporcional cuando se trata de garantizar que el Estado sea conducido por personas probas.
- La exclusión golpea de lleno al partido Perú Primero, que ya perdió su fórmula presidencial completa y ahora ve debilitada su lista senatorial antes de los comicios del 12 de abril.
- La batalla legal no ha concluido: Vizcarra puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, la instancia suprema que definirá si la exclusión se mantiene o se revierte.
El sábado pasado, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura de Mario Vizcarra Cornejo al Senado por el partido Perú Primero. El motivo es concreto y sin fisuras: una sentencia firme por peculado que, según el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, inhabilita de manera permanente a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de funcionarios. La rehabilitación penal posterior no cambia nada.
Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra, no es un desconocido en estos laberintos electorales. Días antes, el JEE de Lima Centro 1 ya había declarado fundadas tres tachas acumuladas contra su candidatura presidencial, dejando fuera de la contienda a toda la fórmula presidencial de Perú Primero. El rechazo al Senado profundiza una exclusión que ya venía tomando forma.
Los magistrados del JEE fueron explícitos en su razonamiento: aunque la Constitución reconoce el derecho a la participación política, ese derecho admite restricciones cuando son razonables, necesarias y proporcionales. En este caso, el propósito es claro: mantener alejadas del Estado a personas que demostraron no ser idóneas para el ejercicio de funciones públicas.
Sin embargo, el capítulo final aún no está escrito. Vizcarra tiene la posibilidad de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, la instancia superior que tendrá la última palabra. Lo que se dirime no es solo el destino político de un candidato, sino también el alcance y la firmeza con que el Perú aplica sus propias reglas electorales de cara al 12 de abril.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 cerró la puerta a Mario Vizcarra el sábado pasado. No podrá ser candidato al Senado por Perú Primero en las elecciones de abril. La razón es simple y sin grietas: tiene una sentencia firme por peculado, y la ley electoral peruana no permite que personas condenadas por corrupción se presenten a cargos públicos, sin importar si han sido rehabilitadas después.
Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra que gobernó entre 2018 y 2020, chocó contra una norma que existe precisamente para esto. El artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones es claro: quienes han sido condenados por delitos de corrupción de funcionarios quedan inhabilitados de manera permanente. No hay excepciones. No hay vuelta atrás. El tribunal electoral aplicó la ley tal como está escrita, sin matices.
La decisión del JEE no es arbitraria. Los magistrados explicaron que aunque la Constitución reconoce el derecho a participar en política, ese derecho no es ilimitado. Puede restringirse cuando hay razones que lo justifiquen: que sean razonables, necesarias y proporcionales. En este caso, argumentaron, la restricción tiene un propósito claro: mantener fuera del Estado a personas que demostraron no ser idóneas para ejercer funciones públicas. Se trata de proteger la administración pública, de asegurar que quienes la integren sean personas probas, sin antecedentes de corrupción.
Esta no es la primera vez que Vizcarra enfrenta un rechazo electoral. Días antes, el JEE de Lima Centro 1 había declarado fundadas tres tachas acumuladas contra su candidatura presidencial. Esa decisión también dejó fuera de la contienda la fórmula presidencial completa de Perú Primero para los comicios del 12 de abril. Ahora, con el rechazo a su candidatura al Senado, la exclusión se profundiza.
Pero la historia no termina aquí. Vizcarra tiene derecho a apelar. El Jurado Nacional de Elecciones, la instancia superior, tendrá la última palabra. Podrá confirmar lo que decidió el JEE de Lima Centro 2 o revocar la decisión. Es el siguiente capítulo de una batalla legal que define no solo el futuro político de un candidato, sino también cómo se interpreta y se aplica la ley electoral en Perú.
Notable Quotes
El objetivo de la norma es inhabilitar de modo permanente a las personas que han incurrido en delitos de corrupción para el acceso a la función pública— Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué una sentencia por peculado cierra todas las puertas? ¿No hay forma de rehabilitarse?
La ley dice que no. La inhabilitación es permanente. El argumento es que si alguien fue condenado por robar siendo funcionario público, no puede volver a ser funcionario. Es una barrera sin excepciones.
Pero ¿qué pasa si alguien cumple su condena, paga su deuda? ¿La ley no reconoce eso?
Reconoce que puede haber rehabilitación personal. Pero la ley electoral decidió que eso no es suficiente para volver a la política. La idea es proteger la administración pública de personas que ya demostraron que pueden incurrir en corrupción.
¿Es esta la primera vez que Mario Vizcarra choca con esto?
No. Hace poco rechazaron su candidatura presidencial por las mismas razones. Ahora intentó por el Senado y le pasó lo mismo. Es un patrón.
¿Puede hacer algo más? ¿Tiene opciones?
Puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es la última instancia. Ellos dirán si confirman o revocan lo que decidió el tribunal electoral de Lima Centro 2.
¿Cuál es la probabilidad de que gane la apelación?
Eso depende de cómo interprete el JNE la ley. Pero la norma es bastante clara. Los magistrados tendrían que encontrar un argumento muy sólido para cambiar lo que ya decidieron.