Inversionistas estadounidenses compiten por control de minerales críticos de Cuba

En las últimas semanas, dos potencias financieras estadounidenses se han lanzado a una batalla por controlar más de la mitad de Sherritt International, la empresa canadiense que operaba las minas de cobalto más importantes del hemisferio occidental en Moa, Cuba. Lo que está en juego no es solo una transacción comercial, sino acceso a 500 mil toneladas de cobalto—reservas que posicionan a Cuba como el quinto productor mundial de este mineral esencial para las baterías de la transición energética global.

La historia comienza con una sanción. En mayo de este año, Washington incluyó a Moa Nickel S.A. en su lista negra de entidades sancionadas. Moa Nickel no era Sherritt directamente, sino la empresa mixta que Sherritt había creado décadas atrás con el gobierno cubano, operada al 50 por ciento por cada parte. Pero esa estructura legal resultó ser una trampa. Al ser accionista de una entidad sancionada, Sherritt quedó vinculada a las restricciones. La empresa canadiense no tuvo opción: suspendió todas sus operaciones en Cuba. Su refinería en Alberta, que dependía del material prima cubano, dejó de funcionar. En agosto, Sherritt reportó pérdidas de más de 51 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 solamente.

Ahora, con sus operaciones paralizadas y sus finanzas sangrando, Sherritt busca una salida. La solución que ha identificado es vender su participación accionaria a inversionistas estadounidenses que tengan los contactos políticos necesarios para navegar el laberinto de sanciones. Según Eloy Viera, abogado y analista legal, el objetivo no es simplemente comprar acciones. Es lograr que la administración estadounidense otorgue una excepción que permita que la operación continúe. "No es sólo adquirir esas acciones. Es lograr que se llegue a un acuerdo con la administración que les permita seguir operando esas empresas", explica.

Ray Washburne, financista republicano que formó parte de la primera administración Trump y ahora lidera Gillon Capital con sede en Dallas, es el candidato más visible. Sherritt ha confirmado estar en negociaciones con él. Su ventaja es clara: tiene un historial de acceso directo a la Casa Blanca y representa exactamente el tipo de componente estadounidense que la administración Trump busca favorecer. John Kavulich, del Consejo de Comercio y Economía entre Estados Unidos y Cuba, lo describe como "el más público de los dos" candidatos. Pero hay un segundo consorcio en la contienda, liderado por empresas europeas pero que incluye un socio estadounidense que hasta ahora ha preferido permanecer en el anonimato.

Esta opacidad preocupa a los observadores. Kavulich señala que la transparencia será fundamental. "Lo que habríamos esperado es que el componente estadounidense diera un paso al frente de inmediato y dijera: 'Oiga, Señor Presidente, hay un componente estadounidense en esto, y soy yo'", comenta. El silencio del socio estadounidense del consorcio europeo genera sospechas en Washington y en el Congreso.

La administración Trump tiene razones claras para preferir un ganador. El presidente ha dejado explícito su objetivo: que Estados Unidos posea y controle las cadenas de suministro globales. El cobalto cubano es precisamente el tipo de recurso crítico que encaja en esa estrategia. Kavulich explica que es "poco probable que la administración Trump entregue esos documentos a una empresa extranjera". Los inversionistas estadounidenses ya han recibido autorización preliminar del Departamento de Estado y del Tesoro para negociar, aunque esto no representa una aprobación definitiva.

Sherritt tiene dos meses para decidir. Pero incluso si elige un comprador y obtiene la bendición política de Washington, los obstáculos no terminan. La empresa enfrentaría demandas de ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados en Cuba hace décadas, y necesitaría obtener licencias especiales que autoricen la inversión estadounidense en la isla. La transacción, si prospera, será solo el primer paso de un proceso mucho más complejo que dependerá de cómo la administración Trump decida equilibrar sus objetivos de control de cadenas de suministro con las complejidades políticas de cualquier operación en territorio cubano.