Inglaterra y Gales prohíben las gafas inteligentes de Meta en tribunales

Los tribunales de Inglaterra y Gales acaban de tomar una decisión que marca un punto de inflexión en cómo las instituciones judiciales responden a la tecnología de vigilancia portátil. A partir de ahora, las gafas inteligentes de Meta serán confiscadas en los controles de seguridad cuando alguien intente entrar en un juzgado o tribunal, y se le devolverán al salir. Es una prohibición categórica que contrasta con la política hacia los teléfonos móviles, que sí tienen permitida la entrada en estas instalaciones.

El Servicio de Tribunales de Su Majestad (HMCTS) anunció la medida tras semanas de preocupación creciente sobre las capacidades de grabación de estos dispositivos. Un portavoz explicó que existen restricciones claras sobre la toma de imágenes y vídeos dentro de los juzgados y tribunales, y que el uso de las gafas de Meta viola directamente esas normas. En el Reino Unido, fotografiar o grabar en instalaciones judiciales sin autorización constituye desacato a la corte, un delito serio que puede resultar en sanciones penales.

Esta prohibición no surge en el vacío. Nueva York implementó una restricción similar hace poco más de un mes, reconociendo los mismos riesgos. Pero el caso que aceleró la acción en Inglaterra y Gales fue más específico: a principios de este año, una jueza acusó a un compareciente de usar las gafas inteligentes para recibir asistencia en directo durante un interrogatorio. La implicación era clara: alguien estaba usando la tecnología para obtener ventaja procesal de formas que socavaban la integridad del proceso judicial.

La preocupación más amplia, sin embargo, va más allá de los tribunales. Las gafas de Meta tienen la capacidad de grabar vídeo continuamente mientras se llevan puestas, y esa grabación puede ocurrir sin el conocimiento o consentimiento de las personas que aparecen en el vídeo. Esa característica ya ha generado resistencia en otros espacios públicos. Restaurantes, teatros y pubs en el Reino Unido han comenzado a vetarlas de forma independiente, anticipándose a las preocupaciones sobre privacidad que ahora están siendo codificadas en política oficial.

Lo que hace significativa esta decisión es que establece un precedente sobre cómo las instituciones públicas pueden responder a dispositivos que combinan grabación de vídeo con portabilidad. A diferencia de una cámara de vigilancia fija, que es visible y conocida, las gafas inteligentes permiten la grabación encubierta. A diferencia de un teléfono, que la mayoría de la gente sabe que puede grabar pero que requiere una acción deliberada, las gafas de Meta graban de forma pasiva. Esa combinación de características—invisibilidad, pasividad, capacidad de capturar a otros sin su consentimiento—es lo que ha llevado a los tribunales a tratarlas como un riesgo único.

La confiscación en los controles de seguridad es un mecanismo práctico. No es una prohibición de poseer las gafas en general, sino una prohibición de llevarlas dentro de espacios donde la privacidad y la integridad procesal son críticas. Es una solución que reconoce que la tecnología existe y que algunas personas la poseen, pero que establece límites claros sobre dónde puede estar presente.

Lo que queda por ver es si otras jurisdicciones seguirán este camino, y si las restricciones se expandirán más allá de los tribunales hacia otros espacios públicos donde la grabación no autorizada plantea riesgos similares. Por ahora, Inglaterra y Gales se unen a Nueva York en una posición que parece estar ganando terreno: que las gafas inteligentes de Meta, en su forma actual, no tienen lugar en instituciones donde la privacidad y la confianza son fundacionales.