Gremio de hidrocarburos pide a Perú políticas de largo plazo más allá de subsidios

El gobierno peruano anunció hace poco un paquete de subsidios para aliviar la presión sobre transportistas y usuarios de transporte en Lima y el Callao, ofreciendo descuentos del 15 al 20 por ciento en los precios de combustibles. Es una respuesta directa a la crisis que ha golpeado a familias, pequeños negocios y operadores de carga en distintas regiones del país, donde el aumento de precios ha erosionado márgenes de ganancia y presupuestos domésticos. Pero para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, esos subsidios, aunque necesarios en el corto plazo, son apenas una venda sobre una herida más profunda.

El gremio expresó su solidaridad con los afectados pero fue claro en su diagnóstico: el país no puede seguir dependiendo de inyecciones de dinero público para mantener los precios bajos. Lo que Perú necesita, según Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, es una estrategia energética de verdad, una que ponga a trabajar los recursos de hidrocarburos que el país ya posee. "Los mecanismos de alivio son importantes, pero no pueden reemplazar una política energética de largo plazo", señaló. El gremio insiste en que invertir en infraestructura, promover nuevas inversiones y desarrollar la capacidad de producción es la única forma de garantizar energía más competitiva y segura para todos.

Ucayali, la región selvática donde comenzaron las protestas por los precios, es el caso de estudio perfecto. Tiene gas natural en su territorio. Tiene el recurso. Lo que le falta es la infraestructura para sacarlo del suelo y llevarlo a los hogares y negocios que lo necesitan. Cantuarias fue directo: "Lo que falta no es el recurso, sino masificar su consumo y desarrollar la infraestructura necesaria para que este recurso beneficie a todos". Es una paradoja que resume el problema: regiones ricas en energía pagan los precios más altos del país porque no tienen forma de acceder a lo que está bajo sus pies.

Para resolver esto existe el proyecto Siete Regiones, un plan que lleva años en los escritorios. Contempla la construcción de 3.700 kilómetros de redes de gas natural que conectarían Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno con una tarifa nivelada, la misma que pagan en Lima. La inversión requerida es de 550 millones de dólares, financiada completamente por el sector privado, sin costo para el Estado. El beneficio potencial es enorme: más de 2,5 millones de consumidores residenciales tendrían acceso a gas natural a precios justos.

Pero el proyecto sigue esperando. Cada mes que pasa sin que se firme es un mes más en que esas regiones pagan energía cara, según Cantuarias. El gremio sostiene que todo está listo, que la inversión privada está disponible, que solo falta la decisión política para destrabar el proyecto. Es un argumento que toca un nervio: hay una solución sobre la mesa, hay dinero privado dispuesto a invertir, hay millones de personas que se beneficiarían, pero el proyecto no avanza.

La SPH plantea un cambio de perspectiva más amplio. En lugar de subsidiar indefinidamente, el país debería poner en valor sus reservas de crudo y gas, no solo en Ucayali sino en otras cuencas del país. Convertir esos recursos en oportunidades reales de desarrollo, en infraestructura que funcione, en energía accesible que no dependa de decisiones políticas coyunturales. Es una apuesta por la transformación estructural frente a la solución de corto plazo. Los subsidios pueden calmar las aguas por ahora, pero sin cambios profundos en cómo el país gestiona su energía, la presión volverá.