África examina por qué crece inseguridad alimentaria pese a inversiones sostenidas

En Addis Abeba, mientras concluía una reunión regional sobre desarrollo agrícola, los líderes africanos se enfrentaban a una pregunta incómoda: ¿por qué sigue creciendo el hambre en un continente que ha invertido miles de millones de dólares en soluciones?

La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, conocida por su sigla IGAD, convocó a examinar críticamente este paradoja durante la Quinta Revisión Bienal del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África. Sylvia Henga, representante de la División de Agricultura y Medio Ambiente de la IGAD, fue directa en su diagnóstico: la región del Cuerno de África está quedando atrás en el cumplimiento de los compromisos que sus propios líderes asumieron hace más de una década.

Esos compromisos nacieron en junio de 2014, cuando los jefes de Estado africanos se reunieron en Guinea Ecuatorial y adoptaron la Declaración de Malabo. El documento era ambicioso: transformar la agricultura, erradicar el hambre y reducir la pobreza para 2025. Doce años después, el continente no solo no ha alcanzado esas metas, sino que la situación se ha deteriorado. En 2024, más de 63 millones de personas en la región padecían inseguridad alimentaria. Entre ellos, más de ocho millones de niños sufrían desnutrición.

Henga identificó una cascada de factores que explican por qué el dinero invertido no se traduce en seguridad alimentaria. Los choques climáticos golpean con regularidad. Las sequías prolongadas secan los campos. Los suelos se degradan. Los mercados están fragmentados, lo que impide que los agricultores vendan sus productos de manera eficiente. Las especies invasoras destruyen cosechas. Los conflictos desplazan a familias enteras de sus tierras. Y debajo de todo esto, la mayoría de los agricultores de la región dependen de las lluvias, sin sistemas de riego que les permitan producir en épocas secas.

Lo que Henga propuso no fue más dinero, sino una forma diferente de gastarlo. Abogó por un enfoque sistémico que deje de ver la agricultura como un sector aislado. En cambio, debe integrarse con políticas climáticas, programas de nutrición, inversión en tecnología y acceso a financiamiento. Pero hay un problema crítico: la información sobre alertas tempranas de sequías y las nuevas tecnologías agrícolas no llegan a los agricultores en el terreno. Henga llamó a esto el desafío de la "última milla", ese tramo final donde la brecha entre lo que se sabe en las capitales y lo que saben los campesinos sigue siendo enorme.

La representante de la IGAD también señaló necesidades concretas. Los sistemas de riego necesitan ser más eficientes. Los datos agrícolas deben recopilarse y compartirse mejor. Las inversiones en resiliencia y tecnologías verdes son urgentes. Y hay un problema logístico específico: los fertilizantes, insumo crítico para la producción, enfrentan interrupciones en el suministro. La solución propuesta incluye crear reservas regionales de fertilizantes y establecer corredores comerciales alternativos que no dependan de una sola ruta de abastecimiento.

Ahora, la región se prepara para una transición. La Declaración de Malabo expira en 2025. Su sucesor, el marco de Kampala, cubrirá el período 2026-2035. Las conclusiones de esta revisión bienal, según Henga, deberían orientar los planes nacionales de inversión agrícola y las políticas que cada país adopte en los próximos años. El desafío no es la falta de compromisos políticos ni la falta de dinero. Es la brecha entre lo que se promete y lo que se entrega en los campos donde viven esos 63 millones de personas hambrientas.