Gobierno expide decreto de emergencia fiscal para atender terremoto de 7,4 que dejó 314 muertos

El presidente Abelardo De La Espriella se enfrentaba a una decisión sin precedentes: cómo financiar la reconstrucción de un país devastado cuando las arcas públicas ya estaban bajo presión extrema. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente colombiano el 10 de agosto dejó 314 personas muertas, 262 desaparecidas y 4.437 heridas. Las cifras de destrucción eran abrumadoras: 30.664 viviendas completamente destruidas, 136.946 más con daños severos, 302 edificios colapsados principalmente en Cali y Pereira. El sismo, el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se propagó a través de 15 departamentos, afectando a 262.154 personas distribuidas en 471 municipios.

La infraestructura crítica sufrió golpes devastadores. Los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres documentaron daños en 352 centros de salud, 3.470 escuelas, 4.971 centros comunitarios, 449 vías, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. Mientras los equipos de rescate continuaban extrayendo sobrevivientes de los escombros—364 personas habían sido sacadas con vida hasta el mediodía del miércoles—el Gobierno enfrentaba una realidad fiscal incómoda: no había dinero fácil disponible.

De La Espriella explicó públicamente por qué no podía simplemente reasignar fondos dentro del presupuesto ordinario. La deuda pública había crecido de manera alarmante: hace una década, uno de cada seis pesos de los ingresos tributarios se destinaba al servicio de la deuda; ahora, esa proporción había saltado a uno de cada tres. La deuda bruta superaba el 60 por ciento del producto interno bruto, y el déficit fiscal seguía ejerciendo una presión constante sobre las finanzas nacionales. En esas condiciones, una emergencia de esta magnitud requería medidas excepcionales.

El Gobierno expidió un decreto de emergencia económica que permitiría reasignar recursos de manera más rápida y flexible que los mecanismos presupuestarios normales. De La Espriella fue explícito sobre cómo se usaría: se revisarían y reducirían los fondos destinados a programas del Gobierno anterior de Gustavo Petro que no fueran considerados prioritarios. El Gobierno también buscaría fuentes complementarias de financiación. Pero el presidente también fue claro sobre lo que no se tocaría: los programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables permanecerían intactos. "Bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos", afirmó, subrayando que la prioridad era garantizar recursos para las víctimas y la reconstrucción de las regiones golpeadas.

Lo que distinguía este decreto de un simple acto de emergencia era el énfasis en los controles. De La Espriella insistió en que las facultades extraordinarias no eran un cheque en blanco. Cada peso movilizado tendría que responder directamente a las necesidades derivadas del terremoto y sería administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. El decreto buscaba generar el espacio fiscal necesario para acelerar las labores de atención, recuperación y reconstrucción en las zonas más afectadas. La pregunta que quedaba sin respuesta era si esos controles serían suficientes para mantener la confianza pública mientras el Gobierno navegaba la tensión entre la urgencia humanitaria y la disciplina fiscal.