Toda arquitectura institucional, por bien diseñada que sea, revela sus grietas en el momento de la ejecución. El gobierno chileno, reconociendo que la Ley de Seguridad Municipal 21.802 tropezó con obstáculos presupuestarios y técnicos desde su puesta en marcha, presenta una ley corta para corregir el rumbo: flexibilizar el techo de gasto en personal y facilitar la habilitación de conductores de vehículos de emergencia en los municipios. Detrás de estos ajustes aparentemente menores late una pregunta más profunda sobre cómo distribuir responsabilidades entre el Estado central, las instituciones