Gobierno amenaza hispana con quitarle su DACA por "viajar sin autorización", pero el "viaje" era su deportación

Jessica Treviño recibió una notificación oficial del gobierno federal hace poco más de una semana. La acusación era clara: había viajado sin autorización fuera de Estados Unidos el 25 de marzo de 2026. El problema es que ese viaje no fue una elección. Ese mismo día, agentes del Departamento de Seguridad Nacional la deportaron a México.

Treviño, de 34 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años, traída por sus padres. A los 20 años recibió su permiso DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— que le permitía trabajar y permanecer en el país de forma temporal. Su estatus estaba vigente hasta abril de 2027. Pero en diciembre pasado, agentes de ICE la siguieron hasta una tienda Home Depot en el sur de Texas, la acorralaron en el estacionamiento y la arrestaron junto con su esposo. Ambos fueron deportados a México y ahora viven en Matamoros. Treviño dejó atrás a sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, al cuidado de un familiar cerca de Brownsville.

La notificación que recibió la semana pasada no es una simple carta. Es un aviso de intento de revocación de sus permisos DACA por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración describe como "viajar sin autorización fuera de Estados Unidos". El absurdo es evidente: el gobierno la deportó y luego la acusa de viajar sin permiso por esa misma deportación. Su abogado, David Rozas, interpuso una demanda esta semana pidiendo a un juez federal en Brownsville que declare ilegal la expulsión de Treviño y facilite su regreso. Rozas señala que su estatus y permiso de trabajo estaban completamente autorizados en el momento de la deportación.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido una orden de salida voluntaria para Treviño en febrero, mientras estaba bajo custodia de ICE. Pero ese estatus vigente de DACA, según la ley, no permite que sea deportada por el Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno parece estar operando en una lógica circular: la deportó, luego la acusa de haber viajado, y ahora amenaza con revocar el permiso que le permitía permanecer en el país.

Treviño habló sobre su situación desde México. "Sería muy bendecida si me permitieran regresar a casa porque eso es lo que más deseo en este momento. Estoy desesperada. Van 7 meses desde que no estoy en casa", dijo. Sus tres hijos están a punto de regresar a la escuela el próximo mes y quieren a su madre en casa.

Este caso no es aislado. Según una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en febrero al senador demócrata Richard J. Durbin de Illinois, la administración Trump ha deportado a 86 beneficiarios de DACA y ha arrestado a otros 241. Activistas que defienden los derechos de los beneficiarios de DACA ven en la deportación de Treviño un patrón deliberado. Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, lo describe así: "Así es como se ve en práctica los esfuerzos deliberados y sistemáticos de destruir DACA: persigue a los beneficiarios uno por uno, inventa justificaciones y deja a sus hijos sin padres".

Ahora Rozas espera que un juez federal intervenga. Su argumento es simple pero poderoso: el gobierno no tiene bases legales para remover a Treviño. La pregunta que queda es si la corte verá la contradicción de acusar a alguien de viajar sin autorización cuando ese viaje fue ordenado por el mismo gobierno que ahora la acusa.