Genocidio rohingya: nueve años sin justicia ni retorno

Más de un millón de rohingya viven hacinados en Cox's Bazar, un campo de refugiados de veinticuatro kilómetros cuadrados en Bangladesh que se ha convertido en el más poblado del mundo. Nueve años después de que el ejército birmano los expulsara de sus aldeas en agosto de 2017, estos hombres, mujeres y niños siguen atrapados en una situación sin salida: no pueden regresar a Myanmar, no pueden trabajar ni moverse libremente en Bangladesh, y cada vez menos recursos humanitarios llegan para sostener sus vidas.

Lo que comenzó como persecución sistemática en 2012 se transformó en genocidio documentado cuando, en agosto de 2017, más de ochocientos mil rohingya fueron obligados a huir. Los militares birmanos quemaron centenares de aldeas y asesinaron a miles de personas, hechos registrados por organizaciones internacionales de derechos humanos. Una misión independiente de las Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2018 que los altos mandos del ejército birmano debían ser investigados y procesados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, hasta hoy, ningún funcionario de Myanmar ha rendido cuentas por estas atrocidades. La Corte Penal Internacional avanza lentamente, y más de setenta organizaciones de derechos humanos —entre ellas Fortify Rights, Human Rights Watch y Amnistía Internacional— llevan años pidiendo sanciones financieras y un embargo mundial de armas contra la junta militar que gobierna el país, sin resultados concretos.

La situación en el terreno se deteriora aceleradamente. La reducción de fondos de ayuda humanitaria durante el último año ha causado estragos: estructuras sanitarias y educativas clave han visto mermada su actividad, el reparto de alimentos y artículos de primera necesidad se ha contraído, y las condiciones de salubridad han empeorado. Esto ha provocado un repunte en la delincuencia y ha empujado a centenares de refugiados a intentar escapar por vía marítima hacia Malasia, el destino principal para quienes deciden huir. A mediados de julio de este año, quinientos rohingya desaparecieron en el mar. Dos botes partieron a finales de junio; tres semanas después, pescadores encontraron algunos cuerpos arrastrados por la corriente. Se cree que ambas embarcaciones se hundieron en alta mar. No hubo misión de rescate; ningún país se ofreció siquiera a intentarlo.

Esta travesía, que cuesta entre tres mil y cuatro mil dólares, es una de las más peligrosas del mundo. Desde enero de 2026, Fortify Rights calcula que aproximadamente ochocientos veinte rohingya han perdido la vida en el mar. Quienes logran llegar a Malasia enfrentan nuevos peligros: la organización ha documentado detención arbitraria e indefinida en centros abusivos de migración donde decenas de detenidos han muerto en los últimos años por atención médica inadecuada y condiciones inhumanas.

Lynn Htet, analista birmano radicado en Tailandia y miembro de Fortify Rights, visitó recientemente Cox's Bazar. Explica que prácticamente todos los refugiados rohingya quieren salir del campo: desean regresar a casa o encontrar seguridad y oportunidades de subsistencia en cualquier otro lugar. Tras nueve años, la esperanza de retorno se desvanece. "Están perdiendo la esperanza de poder volver a casa, y la vida en el campo de refugiados se ha vuelto realmente difícil por todas estas circunstancias, incluidas las amenazas que enfrentan por parte de distintos grupos armados dentro del propio campo", señala.

La situación en Rakhine, el estado de origen de los rohingya, complica aún más el panorama. Allí, el Ejército de Arakan, un grupo armado no estatal, se enfrenta al Tatmadaw en una lucha territorial sin tregua. El ejército birmano ha bloqueado todas las rutas por las que podría entrar ayuda humanitaria, utilizando tácticas que Htet describe como "muy sucias" para presionar al Arakan Army. Desde mediados de 2024, aproximadamente ciento cincuenta mil rohingya más han huido de Myanmar hacia Bangladesh, elevando la población de refugiados a más de un millón doscientos mil. Los rohingya que permanecen en Rakhine enfrentan restricciones de movimiento, limitaciones en el acceso a la salud y dificultades para subsistir.

Para que se produjera un retorno, las Naciones Unidas han establecido tres condiciones: que sea voluntario y ocurra en condiciones de sostenibilidad y seguridad. Ninguna de estas se puede garantizar actualmente. Los asesinatos, la quema de aldeas y las masacres continúan en la región. El pueblo rohingya se encuentra en el centro de la disputa territorial, frecuentemente usado como peón y masacrado por ambos bandos.

Myanmar vive sumida en guerra civil desde febrero de 2021, cuando el Tatmadaw, liderado por el general Min Aung Hlaing, dio un golpe de estado. El general tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Aunque el régimen intentó legitimarse con elecciones en febrero de 2026 que no fueron ni libres ni democráticas, la guerra continúa siendo la realidad del país. Los países vecinos, en lugar de rechazar al régimen, se han ido acercando a la junta militar. Tailandia recibió recientemente con honores al dictador Min Aung Hlaing. Malasia, mientras pide rendición de cuentas por las atrocidades, mantiene a los rohingya que llegan a sus costas en condiciones infrahumanas. China, siguiendo su política de no injerencia, ha ignorado las violaciones de derechos humanos y se ha enfocado en las materias primas del país. Las organizaciones de derechos humanos han pedido reiteradamente a la ASEAN que asuma un papel más firme, pero este no parece ser el camino elegido por los Estados de la región.