El veto del Supremo a la ‘ley de nietos’: “Voté en 2023, pero ahora me lo prohíben”

Roberto Cano Pereira tiene una historia familiar que atraviesa océanos y generaciones. Su bisabuelo fue un catalán que llegó a Uruguay y ejerció como cónsul honorario, dejando raíces que se extendieron hasta la próxima centuria. Cano Pereira nació en el extranjero, lejos de España, pero mantuvo un vínculo con su nacionalidad de origen. En 2023, cuando se abrió la posibilidad de participar en elecciones españolas, lo hizo. Votó. Ejerció lo que creía era su derecho como ciudadano español, aunque viviera fuera del territorio nacional.

Ahora, tres años después, esa participación le está vedada. El Tribunal Supremo ha invalidado la normativa que permitía a personas como él —descendientes de españoles nacidos en el extranjero— acceder a la nacionalidad española y, con ella, a los derechos políticos que la acompañan. La sentencia ha cerrado una puerta que parecía abierta, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre legal y política.

Lo que Cano Pereira experimenta es una contradicción que muchos residentes españoles en el exterior están viviendo ahora. Fueron invitados a participar en procesos electorales bajo una ley que prometía igualdad de derechos. Votaron. Se sintieron parte de la comunidad política española. Y luego, sin previo aviso claro, la máxima instancia judicial del país anuló esa promesa. Para Cano Pereira, la sensación es de haber sido utilizado en una batalla que no es la suya. "Nos están usando para una batalla partidaria", dice, reflejando la frustración de quienes se sienten atrapados entre marcos legales contradictorios.

La llamada "ley de nietos" fue diseñada para facilitar que descendientes de españoles que emigraron —especialmente durante la Guerra Civil y la posguerra— pudieran recuperar o acceder a la nacionalidad española. Era, en teoría, un gesto de inclusión hacia la diáspora. Pero la decisión del Supremo ha revertido esa lógica. Ahora, personas que ya habían ejercido derechos políticos bajo esa ley se encuentran en una posición ambigua: ¿son ciudadanos españoles o no? ¿Pueden votar o no pueden? ¿Qué validez tienen sus votos anteriores?

Para los residentes en el exterior, la situación es particularmente amarga. Muchos de ellos viven en América Latina, donde sus familias se establecieron hace décadas. Han mantenido conexiones culturales y legales con España, pero siempre han estado geográficamente alejados del centro de poder político. La sentencia del Supremo refuerza esa distancia, tratándolos, según Cano Pereira, como ciudadanos de segunda categoría. No tienen los mismos derechos que quienes viven en territorio español, pero tampoco pueden simplemente renunciar a su conexión con el país de sus antepasados.

La batalla judicial sobre la nacionalidad y los derechos políticos de la diáspora española es, en el fondo, una batalla sobre quién pertenece a la comunidad política española y bajo qué condiciones. El Supremo ha respondido con una restricción. Pero esa respuesta ha dejado a personas como Roberto Cano Pereira en un limbo: votaron en 2023, pero ahora se les prohíbe hacerlo. La contradicción es evidente, y la frustración es comprensible. Lo que queda por verse es cómo se resolverá esta tensión entre la ley que fue y la sentencia que ahora es.