Cuando un expediente judicial llega a la antesala de una decisión sobre la libertad de unas personas, lo que está en juego no es todavía una verdad establecida, sino la frontera entre la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar un proceso. En Lima, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el juez Víctor Zúñiga deberá decidir el martes 25 de octubre si cuatro personas investigadas por el llamado 'Gabinete en la sombra', ligado al entorno del expresidente Pedro Castillo, permanecerán tres años en prisión preventiva. Es una pausa que revela cuánto pesa, en la vida
‘Gabinete en la sombra’: Poder Judicial decidirá el martes 25 si dicta prisión preventiva de 36 meses
No se decide la culpabilidad, sino tres años de libertad
Mark
¿Qué se decide exactamente el martes?
Mimi
Si el juez Zúñiga ordena 36 meses de prisión preventiva para Sánchez Sánchez, Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera. La audiencia se reanuda a las 9:45 a.m.
Mark
¿Por qué no se resolvió el lunes?
Mimi
Porque los abogados de los acusados aún exponían sus argumentos contra el pedido fiscal, y el juez había previsto decidir desde las 3:00 p.m.
Luke
Conviene precisar que prisión preventiva no es condena. ¿Qué está probado hasta ahora?
Mimi
Nada en términos de sentencia. Lo que hay es la tesis de la Fiscalía sobre una organización con financistas, coordinadores y un operador.
Mark
¿Y los otros investigados?
Mimi
Para Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez, la fiscal Kelinda Janampa pidió comparecencia con restricciones, una medida menos severa.
Luke
¿Sabemos por qué la Fiscalía distingue entre unos y otros?
Mimi
La nota no lo explica. Solo describe los roles que les atribuye, y no hay detalle de las pruebas.
Luke
Y la idea de que la decisión precede nuevas medidas es una proyección, no un hecho.
Mimi
Así es: es una posibilidad, no algo anunciado.
Le Pouls
- La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para cuatro investigados por organización criminal, una medida que podría privarlos de libertad mientras dura la investigación.
- La audiencia no concluyó el lunes: los abogados defensores siguen rebatiendo la tesis fiscal y el juez no pudo anunciar su decisión a la hora prevista.
- La cuestión central sobre la mesa es si el riesgo procesal justifica la detención preventiva, no si los acusados son culpables.
- El martes a las 9:45 a.m. el magistrado dará su veredicto, y su resolución marcará el ritmo de nuevas medidas contra exfuncionarios cercanos a Castillo.
Cuando un expediente judicial llega a la antesala de una decisión sobre la libertad de unas personas, lo que está en juego no es todavía una verdad establecida, sino la frontera entre la presunción de inocencia y la necesidad de asegurar un proceso. En Lima, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el juez Víctor Zúñiga deberá decidir el martes 25 de octubre si cuatro personas investigadas por el llamado 'Gabinete en la sombra', ligado al entorno del expresidente Pedro Castillo, permanecerán tres años en prisión preventiva. Es una pausa que revela cuánto pesa, en la vida pública de un país, cada paso que se da frente al poder que alguna vez ocupó una cercanía tan íntima con el Estado.
El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, esperaba anunciar el lunes 24 de octubre si ordenaba prisión preventiva contra cuatro personas investigadas. La hora prevista llegó sin decisión, porque los abogados de los acusados aún presentaban sus argumentos contra el pedido de la Fiscalía. La audiencia continuará el martes a las 9:45 a.m.
El pedido de la fiscal Kelinda Janampa alcanza a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa de Sarratea en Breña, al exasesor del sector Vivienda Salatiel Marrufo, a Biberto Castillo y a Abel Cabrera. Son señalados como integrantes del supuesto 'Gabinete en la sombra'. Para otros investigados, entre ellos Beder Camacho, exsubsecretario general de Castillo, y los exasesores Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez, la fiscal pidió comparecencia con restricciones, es decir, un proceso sin prisión pero con condiciones.
Todos son investigados por organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Según la Fiscalía, la estructura tenía roles definidos: Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández como financistas y coordinadores, Marrufo y Vásquez como coordinadores, y Castillo León como operador.
Esa es todavía la hipótesis del Ministerio Público, y la defensa la cuestiona. Lo que el juez resolverá no es la culpabilidad, sino si, mientras avanza la investigación, los cuatro deben permanecer privados de libertad durante tres años. La decisión podría marcar el rumbo del caso y anteceder nuevas medidas contra exfuncionarios cercanos al presidente Castillo.
El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, no dictó el lunes 24 de octubre la decisión que se esperaba. Había previsto anunciarla desde las 3:00 p.m., pero a esa hora los abogados de los acusados todavía exponían sus argumentos contra el pedido de la Fiscalía. La audiencia se reanudará el martes 25 a las 9:45 a.m., y ese día el magistrado dirá si ordena o no 36 meses de prisión preventiva.
El pedido alcanza a cuatro personas investigadas por el presunto delito de organización criminal, entre otros: Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa de Sarratea, en Breña; Salatiel Marrufo, exasesor del sector Vivienda; Biberto Castillo; y Abel Cabrera. Es el grupo que se conoce como el 'Gabinete en la sombra'.
La fiscal Kelinda Janampa pidió una medida distinta para otro grupo de investigados. Para Beder Camacho, exsubsecretario general del presidente Pedro Castillo, y para los exasesores del mandatario Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez, solicitó comparecencia con restricciones, es decir, que enfrenten el proceso sin ir a prisión pero bajo ciertas condiciones.
Todos los integrantes de este presunto gabinete paralelo son investigados por organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura tenía roles definidos. Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández eran financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez actuaban solo como coordinadores. Castillo León cumplía el papel de operador.
Por ahora se trata de la hipótesis del Ministerio Público, que la defensa de los acusados rebate en la audiencia. Lo que el juez resolverá el martes no es la culpabilidad, sino si, mientras avanza la investigación, los cuatro deben permanecer privados de libertad durante tres años.
La decisión marcará el rumbo del caso y podría anteceder nuevas medidas contra exfuncionarios cercanos al presidente Castillo.
Citations marquantes
Según la Fiscalía, Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández eran financistas y coordinadores; Marrufo y Vásquez, coordinadores; Castillo León, operador.— Tesis de la Fiscalía
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