Fredy López Mendoza asume como nuevo jefe de la PNP en medio de crisis de seguridad

El teniente general Fredy López Mendoza asumió este domingo como jefe de la Policía Nacional del Perú, relevando al cuestionado Óscar Arriola en un momento en que la institución enfrenta presión creciente por su capacidad para contener la ola de criminalidad que recorre el país. López Mendoza, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General, es el número dos de la estructura policial y llega al cargo con una carrera que supera los treinta años dentro de la institución.

La salida de Arriola se produce apenas una semana después del cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en Trujillo, uno de los episodios más crudos de una serie de ataques que han puesto en tela de juicio la efectividad de las estrategias de seguridad del Estado. El diputado Harvey Colchado había señalado a López Mendoza como la alternativa más adecuada para suceder a Arriola, cuya permanencia en el cargo se había vuelto insostenible ante las críticas legislativas y la percepción pública de fracaso en la lucha contra el crimen organizado.

López Mendoza forma parte de la promoción de 1990 de la PNP, la primera generación surgida tras la unificación de los antiguos cuerpos policiales. Su trayectoria ha transitado por espacios operativos, investigativos, de gestión administrativa y de representación en el exterior. En 2012, con el grado de comandante, fue designado como agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España, después de haber ejercido como comisario en Chincha, Ica. Su experiencia también lo ha vinculado directamente con La Libertad, la región donde ocurrió el ataque que precipitó la salida de su antecesor: en 2019 dirigió la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo y participó en funciones de formación policial en esa zona.

En 2020 ascendió al grado de general de Armas, con vigencia desde enero de 2021, cuando dirigió la XV Macro Región Policial de Madre de Dios, otro de los territorios más afectados por la minería ilegal y sus consecuencias criminales. Posteriormente asumió la Dirección Contra la Corrupción. A finales de 2022 pasó a dirigir la Dirección de Aviación Policial, cargo que mantuvo durante parte de 2023 y 2024, período en el que participó en operaciones de rescate y en gestiones para la adquisición de aeronaves. En noviembre de 2024 fue ascendido al grado de teniente general y, poco después, asumió la Secretaría Ejecutiva de la PNP, uno de los puestos de mayor relevancia en la estructura institucional.

La designación de López Mendoza ocurre en el contexto de cuestionamientos generalizados sobre la eficacia de las medidas contra el crimen organizado, incluyendo la declaración del estado de emergencia en Lima, Callao y Pataz, esta última una zona golpeada por la minería ilegal. El oficial estuvo presente en la rueda de prensa en la que Arriola anunció su relevo, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo.

Galarreta enfatizó que la designación responde a una transferencia institucional ordenada y advirtió sobre la naturaleza del desafío que enfrenta la nueva administración policial. Señaló que la criminalidad no solo busca atentar contra vidas humanas, sino debilitar las instituciones y erosionar la confianza ciudadana en el Estado de derecho, una estrategia que, según el jefe de Gabinete, debe ser contrarrestada con firmeza, respaldo constitucional a la labor policial y dotación de nuevas herramientas tecnológicas y recursos.

La transición de mando se produce dentro del marco legal establecido por la Ley 31570, que fija en dos años el período de permanencia del jefe policial y restringe su cese anticipado a causales específicas: falta muy grave, sentencia firme por delito doloso, delito flagrante, incapacidad física permanente, pase voluntario al retiro o deceso. Arriola no pudo ser removido discrecionalmente, lo que significa que su salida fue negociada dentro de estos límites legales. López Mendoza ahora enfrenta el desafío de redefinir la estrategia policial en un contexto de crisis de seguridad que ha erosionado la confianza institucional y exige resultados tangibles en el corto plazo.