Florida: ley HB 697 de DeSantis entra en vigor y refuerza protección de farmacias locales

El 1 de julio de 2026, Florida puso en marcha una nueva ley que redefine cómo funcionan las farmacias del estado. La HB 697, firmada por el gobernador Ron DeSantis, no es un cambio técnico menor en los márgenes de un sector: es una intervención directa en la relación entre los pequeños negocios de barrio y las grandes empresas que controlan cuánto se paga por cada medicamento. En ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, donde las familias hispanas pasan por la farmacia después del trabajo o el fin de semana para recoger medicinas de adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, esta ley puede significar la diferencia entre que un negocio se mantenga abierto o cierre por falta de rentabilidad.

Detrás de cada cambio legal hay historias concretas: la farmacia que pierde dinero al vender ciertos medicamentos, el paciente que no encuentra su tratamiento a tiempo, la familia que depende de un programa estatal para acceder a medicinas de alto costo. Los Pharmacy Benefit Managers, o PBM, son empresas que actúan como intermediarios entre aseguradoras, empleadores y farmacias. Deciden cuánto se paga por cada medicamento y bajo qué condiciones se reembolsa una receta, algo que impacta directamente en el bolsillo de los negocios y en la disponibilidad de medicamentos para los pacientes. La HB 697 busca poner reglas más claras sobre la mesa para que las farmacias no queden atadas a contratos desventajosos y para que los pacientes tengan acceso más transparente y estable a sus medicinas.

El cambio más importante consiste en modificar el procedimiento mediante el cual una farmacia puede impugnar el Maximum Allowable Cost, o MAC, es decir, el precio máximo que un PBM reconoce para reembolsar determinados medicamentos. Este punto es clave para pequeñas empresas que surten recetas a pacientes con seguros privados, planes de empleadores o programas públicos, ya que el MAC define si una venta genera ganancias razonables o pérdidas constantes. Con la nueva ley, las apelaciones pueden agrupar múltiples reclamaciones del mismo medicamento. La farmacia dispone de al menos 30 días hábiles para presentar la apelación, y el PBM debe responder en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si la apelación prospera, el PBM deberá actualizar el precio reconocido, permitir volver a facturar el medicamento y aplicar el nuevo valor a otras farmacias que se encuentren en la misma situación. Este procedimiento busca reducir la carga administrativa y darle más margen de maniobra a las farmacias, muchas de ellas pequeños negocios familiares donde la comunidad hispana trabaja y se atiende en su idioma.

La ley también incorpora dos prohibiciones que buscan fortalecer la posición de las farmacias frente a los administradores de beneficios farmacéuticos. A partir de la entrada en vigor, un Pharmacy Benefit Manager ya no puede impedir que una farmacia rechace dispensar un medicamento cuando el reembolso sea inferior al costo real de adquisición. Tampoco puede reembolsar a una farmacia independiente un monto inferior al que paga a una farmacia afiliada por el mismo medicamento o servicio. Estas medidas buscan evitar que estos negocios tengan que asumir pérdidas económicas para poder surtir determinadas recetas y fomentar condiciones más equitativas dentro del mercado farmacéutico. En barrios con alta presencia latina, donde hay farmacias que conocen de primera mano las necesidades de pacientes que hablan español, estas reglas podrían ser la diferencia entre que un negocio se mantenga abierto o tenga que cerrar.

Aunque gran parte de la atención se ha centrado en las nuevas reglas para las farmacias, la HB 697 también incorpora disposiciones para el Ryan White Part B AIDS Drug Assistance Program, o ADAP, administrado por el Florida Department of Health. Este programa es clave para personas con VIH que requieren medicación constante y muchas veces dependen totalmente de la ayuda estatal para poder seguir su tratamiento. En comunidades hispanas de Florida, donde muchas personas combinan varios trabajos, lidian con barreras de idioma y dependen de clínicas comunitarias, estos cambios pueden ser relevantes para garantizar que quienes viven con VIH reciban sus medicamentos de forma directa y con más información disponible sobre cómo funciona el programa.

La norma representa un nuevo intento de Florida por aumentar la supervisión sobre los Pharmacy Benefit Managers, mejorar las condiciones para los participantes y promover una mayor transparencia en la administración de los programas públicos de medicamentos. Aunque muchos de sus efectos se desarrollarán entre aseguradoras, PBM y farmacias, los cambios también podrían repercutir en la forma en que los pacientes acceden a determinados medicamentos y en la estabilidad de muchos de estos negocios locales del estado, especialmente aquellas que atienden a comunidades hispanas en zonas como el sur de Florida, el centro del estado y áreas donde la población latina crece año tras año. Para quienes viven en Florida y están acostumbrados a combinar inglés y español al hablar con su farmacéutico, vale la pena prestar atención a cómo evoluciona la aplicación de la HB 697 y, en caso de notar cambios en el acceso a medicamentos o en los costos, consultar con la farmacia de confianza o con su plan de salud para entender mejor cómo estas nuevas reglas impactan en su día a día.