Fiscalía acusa a siete empresas chilenas de colusión para mantener bajo precio de centolla

En la Región de Magallanes, durante casi una década, siete empresas procesadoras de centolla coordinaron sus movimientos con precisión de relojería. Mientras los pescadores artesanales que buceaban en aguas australes recibían USD 1,5 por kilo de este crustáceo de lujo, esas mismas compañías lo exportaban a mercados internacionales a USD 50 el kilo. El jueves pasado, la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las pruebas de lo que acusa como un esquema deliberado de colusión que se extendió desde 2012 hasta 2021.

Las siete empresas acusadas —Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör— controlaban aproximadamente el 80 por ciento de toda la centolla capturada en la zona. Según los antecedentes de la investigación, sus ejecutivos mantenían contacto regular por teléfono y se reunían periódicamente para intercambiar información sobre precios y coordinar sus estrategias de compra. El resultado fue un mercado cautivo donde los pescadores no tenían opciones reales: vendían a estas empresas o no vendían.

La Fiscalía Nacional Económica solicita castigos severos. Las multas propuestas suman USD 54 millones para las empresas involucradas y casi USD 445 mil para ocho ejecutivos identificados como responsables. Pero el dinero que el Estado podría recaudar no resuelve el problema que afecta a quienes realmente sufrieron el daño. Los pescadores artesanales de Magallanes, alrededor de 200 ahora organizados, buscan algo más: indemnización por los años en que fueron forzados a vender a precios deprimidos artificialmente.

José Reinaldo Hernández, el dirigente sindical que destapó el caso en 2020, fue claro sobre lo que está en juego. La multa de la FNE irá al Fisco, explicó, pero los pescadores quieren compensación por lo que dejaron de ganar desde 2012. El daño, insistió, no fue solo el precio bajo en sí mismo. Fue la pérdida completa de poder de negociación. Cuando una cadena productiva entera depende de un puñado de compradores que actúan en concierto, los vendedores quedan atrapados. "Eran ellas o nada", resumió Hernández la realidad que enfrentaban los buzos y sus familias.

Lo que los números revelan es un abismo entre lo que pagaban y lo que cobraban. Treinta y tres veces más. Esa brecha no es accidental ni resultado de mercados eficientes. Es el precio de una conspiración que duró casi una década, beneficiando a procesadores y exportadores mientras vaciaba los bolsillos de quienes hacían el trabajo más peligroso: descender a aguas frías para extraer un recurso que otros se encargarían de vender caro. El tribunal ahora debe decidir si las pruebas presentadas esta semana sostienen la acusación, y si lo hacen, qué significa la justicia en este caso: solo castigo corporativo, o también reparación para quienes fueron engañados.