Fasecolda activa protocolos para reclamaciones tras terremoto de 7,4 en Colombia

El lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia. Con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 96 kilómetros de profundidad, el movimiento telúrico se sintió en gran parte del territorio nacional y dejó daños registrados en más de 400 municipios. Horas después, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) comenzó a cuantificar el alcance del evento en términos de cobertura asegurada y a activar los mecanismos que sus afiliadas tenían preparados para situaciones de este tipo.

La cifra inicial que reportó Fasecolda fue contundente: 442.514 inmuebles asegurados contra terremoto se encontraban en los 105 municipios de siete departamentos identificados como zonas de alta afectación. Esa cifra, sin embargo, representa solo una fracción del total de riesgos asegurados por terremoto en el país. En toda Colombia, según los datos preliminares del gremio, existen 2.258.594 riesgos cubiertos por este tipo de pólizas. La distribución de los inmuebles en las zonas más impactadas muestra la diversidad de lo que estaba en riesgo: 277.308 corresponden a viviendas, 8.510 a copropiedades, 128.359 a riesgos privados y 28.337 a riesgos públicos. Estos últimos incluyen infraestructura crítica como hospitales y colegios, cuya continuidad operativa es fundamental para la respuesta a emergencias.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, enfatizó que la prioridad inmediata era la seguridad y el bienestar de las personas. Desde el sector asegurador, explicó, se habían puesto en marcha los canales y protocolos diseñados para acompañar a los asegurados, orientarlos y facilitar el reporte de daños. La industria, agregó, estaba lista para participar en el proceso de recuperación y reconstrucción que vendría después.

Para quienes tenían pólizas vigentes, Fasecolda estableció un conjunto de recomendaciones prácticas. Lo primero era priorizar la seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades. Luego, debían comunicarse directamente con su compañía aseguradora a través de los canales disponibles: líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones móviles o puntos de atención física. La documentación de los daños era esencial, pero debía hacerse de forma segura: fotografías y videos eran los medios recomendados, siempre que no implicaran riesgo adicional para quien los tomara.

Hay un detalle importante en las instrucciones que Fasecolda difundió: los asegurados no debían realizar reparaciones permanentes ni descartar elementos dañados antes de recibir instrucciones de la aseguradora. La única excepción era cuando las reparaciones fueran necesarias para proteger vidas, prevenir daños adicionales o cumplir órdenes de las autoridades. Esta precaución tiene sentido: las aseguradoras necesitan evaluar los daños antes de autorizar trabajos, tanto para determinar la cobertura como para garantizar que las reparaciones sean las adecuadas.

Fasecolda aclaró un punto que podría generar confusión: las cifras de inmuebles asegurados no significaban necesariamente que todos hubieran sufrido daños. Eran simplemente los riesgos que estaban cubiertos en las zonas donde el sismo fue más intenso. La magnitud real de los daños, y por tanto el volumen de reclamaciones que las aseguradoras enfrentarían, aún estaba por determinarse. Lo que sí estaba claro era que el sector asegurador había activado sus mecanismos de respuesta y que los asegurados tenían un camino definido para reportar y reclamar.