Exjefes de Plus Ultra declaran ante el juez sobre la participación de Zapatero en el rescate

La Audiencia Nacional recibió esta semana las declaraciones de los antiguos directivos de Plus Ultra en un momento que marca un giro crítico en la investigación sobre el rescate de la aerolínea. El expresidente del Gobierno y el ex consejero delegado de la compañía comparecieron ante el tribunal para responder preguntas sobre cómo se gestó la intervención estatal que salvó a la empresa de la quiebra.

Lo que hace singular este momento es la tensión que atraviesa el caso: los exdirectivos de Plus Ultra habían presentado acusaciones por escrito contra el expresidente, señalándolo como actor central en las decisiones que llevaron al rescate. Sin embargo, cuando llegó la hora de declarar ante el juez, sus testimonios revelaron una realidad más complicada y menos concluyente de lo que sus escritos sugerían.

Ambos directivos reconocieron ante la Audiencia Nacional que, aunque tenían motivos para creer que el expresidente había ejercido influencia en el proceso de salvamento de la aerolínea, no podían precisar en quién había recaído esa influencia ni cómo se había materializado. Es decir: podían señalar al expresidente, pero no podían demostrar el mecanismo concreto de su intervención ni identificar a los funcionarios o ministros que hubieran actuado bajo su dirección.

Esta brecha entre la acusación escrita y el testimonio oral complica significativamente la posición del expresidente en el proceso. Sus abogados defensores habían esperado que los directivos no pudieran sostener sus acusaciones bajo interrogatorio judicial. Pero tampoco se trata de un desmentido claro: los exdirectivos mantienen su versión de que hubo influencia, solo que no pueden articularla con la precisión que exige un tribunal.

El rescate de Plus Ultra fue controvertido desde el principio. La aerolínea recibió una inyección de capital público en un momento en que la pandemia había devastado el sector aéreo, y desde entonces ha habido debate sobre si la decisión fue técnicamente justificada o si respondió a presiones políticas. Las acusaciones contra el expresidente sugieren que este último fue el caso: que su intervención personal fue lo que permitió que el dinero público fluyera hacia la compañía.

Ahora, con los testimonios de esta semana, el tribunal tiene un cuadro más complejo. No se trata de que los directivos hayan retractado sus acusaciones. Siguen creyendo que hubo influencia política indebida. Pero la evidencia que pueden aportar es circunstancial, basada en lo que ellos observaron o dedujeron, no en pruebas documentales o en confesiones de terceros que confirmen la cadena de mando.

La fase que comienza ahora será decisiva. El juez deberá evaluar si las acusaciones de los exdirectivos, aunque no puedan ser completamente probadas, son suficientes para sostener cargos contra el expresidente, o si la falta de pruebas directas de su intervención específica invalida la acusación. También deberá considerar si hay otros documentos, correos electrónicos o testimonios de funcionarios públicos que puedan corroborar la versión de los directivos de Plus Ultra.

Lo que está en juego es si un expresidente puede ser responsabilizado penalmente por un rescate controvertido cuando los únicos testigos que lo vinculan directamente admiten no tener pruebas concretas de cómo ejerció esa influencia. Es una pregunta que va más allá de este caso particular: toca el corazón de cómo se investiga y se juzga el abuso de poder político.