En el silencio administrativo que sigue al fin de un mandato, una exfuncionaria de alto rango ha pedido al Congreso que suspenda el permiso con el que el expresidente Gustavo Petro podría abandonar el país durante su primer año como ciudadano común. Lo hace porque sostiene que las denuncias que ha presentado contra él, por presuntos manejos irregulares dentro de la Casa de Nariño, necesitan que el denunciado permanezca al alcance de la justicia. Es un episodio que recuerda cómo, en las democracias, el poder deja de ser protección cuando se abandona el cargo, y cómo la confianza pública depende
Exdirectora del Dapre pide al Congreso cancelar permiso de salida del país de Gustavo Petro
Angie Rodríguez denuncia extorsiones, llamadas intimidatorias y amenazas de muerte contra su vida e integridad.
Una petición "respetuosa, pero urgente" para que Petro no salga del país
Mark
¿Qué pide exactamente Angie Rodríguez?
Mimi
Que el Congreso cancele el permiso que autoriza a Petro a salir del país durante el año posterior a su mandato. Lo pide por medio de su abogado, Manuel Vicente Villanueva Luis.
Mark
¿Por qué cree que eso importa?
Mimi
Su defensa sostiene que la permanencia del expresidente en Colombia es indispensable para que avancen las acciones judiciales derivadas de sus denuncias.
Luke
Conviene separar las cosas: lo que hay es una denuncia ante la Comisión de Acusación, no una decisión judicial. Los delitos que se mencionan son imputaciones de la denunciante.
Mark
¿Y el billón de pesos del Fondo de Adaptación?
Mimi
Según el radicado, se habría presionado para trasladarlo sin justificación desde programas de inversión social. Es la descripción que hace la carta.
Luke
Exacto, es lo que dice el radicado. En el texto no aparece una respuesta de Petro ni una verificación independiente de esa cifra.
Mark
También hay un componente de seguridad personal.
Mimi
Sí. El abogado habla de extorsiones, llamadas intimidatorias y amenazas de muerte contra Rodríguez, y dice que el riesgo ha aumentado.
Luke
Y no sabemos si esas amenazas se han denunciado formalmente ni quién estaría detrás. Tampoco sabemos cuándo responderá el Congreso.
El Pulso
- Una carta de tono urgente llega al Congreso pidiendo cancelar el permiso de salida del expresidente Petro durante el año posterior a su mandato.
- La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sostiene que su denuncia por peculado, tráfico de influencias y constreñimiento exige que el acusado permanezca en Colombia.
- Los hechos señalados giran en torno al presunto traslado de cerca de un billón de pesos del Fondo de Adaptación hacia otros fines.
- La denunciante asegura recibir extorsiones, llamadas intimidatorias y amenazas de muerte, lo que eleva la tensión del caso.
- El Congreso, a través de su presidente, tiene ahora la decisión en sus manos, sin plazo definido para responder.
En el silencio administrativo que sigue al fin de un mandato, una exfuncionaria de alto rango ha pedido al Congreso que suspenda el permiso con el que el expresidente Gustavo Petro podría abandonar el país durante su primer año como ciudadano común. Lo hace porque sostiene que las denuncias que ha presentado contra él, por presuntos manejos irregulares dentro de la Casa de Nariño, necesitan que el denunciado permanezca al alcance de la justicia. Es un episodio que recuerda cómo, en las democracias, el poder deja de ser protección cuando se abandona el cargo, y cómo la confianza pública depende de que las investigaciones puedan seguir su curso sin fugas ni sombras.
Una carta que su autora describe como respetuosa pero urgente llegó al Congreso de la República con una petición precisa: cancelar el permiso que permitiría al expresidente Gustavo Petro salir del país durante el año siguiente al fin de su mandato. La solicitud la presenta Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien dirigió el Dapre y el Fondo de Adaptación, a través de su abogado, Manuel Vicente Villanueva Luis, y va dirigida al senador Honorio Henríquez Pinedo, presidente del Congreso.
El argumento central es que la presencia de Petro en Colombia es necesaria para que avancen las denuncias que la exfuncionaria ha presentado. Esas denuncias, que cursan ante la Comisión de Acusación de la Cámara, mencionan peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia. Según el documento, incluyen presiones para trasladar sin justificación cerca de un billón de pesos del Fondo de Adaptación, recursos destinados originalmente a inversión social, así como presiones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero.
El abogado también describe un riesgo creciente para su cliente, quien dice sufrir extorsiones continuas, llamadas intimidatorias y reiteradas amenazas contra su vida e integridad. Por ahora, la decisión queda en manos del Congreso, que no tiene un plazo establecido para responder, mientras las acusaciones siguen su curso sin que hayan sido resueltas.
Una carta calificada por sus autores como "respetuosa, pero urgente" llegó al Congreso de la República con una petición concreta: que se cancele el permiso institucional que autoriza al expresidente Gustavo Petro Urrego a salir de Colombia durante el año posterior al fin de su mandato. La solicitud la radicó Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Fondo de Adaptación.
Rodríguez actúa a través de su apoderado, el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis. El escrito fue dirigido al senador Honorio Henríquez Pinedo, presidente del Congreso, a quien corresponde recibir y tramitar la petición.
El argumento central es que la permanencia de Petro en el país resulta indispensable para que avancen las acciones judiciales derivadas de las denuncias de la exfuncionaria. Según el documento, esas denuncias se refieren a presuntos hechos de corrupción y graves irregularidades ocurridos dentro de la Casa de Nariño.
La carta recuerda que ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cursa una denuncia formal contra el expresidente. Las conductas señaladas son peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, e injuria y calumnia.
Según el radicado, los hechos investigados incluyen presiones para lograr el traslado, sin justificación, de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación. Ese dinero estaba asignado originalmente a programas de inversión social.
El documento también menciona presiones e intimidaciones ligadas al nombramiento de Juliana Guerrero. Y habla de señalamientos injuriosos, calumnias, amedrentamientos y amenazas de muerte dirigidas de forma directa contra la exdirectora.
El abogado advirtió que el riesgo para Rodríguez se ha intensificado. Según explicó, ella es víctima de extorsiones continuas, llamadas intimidatorias y reiteradas amenazas contra su vida e integridad personal.
Queda ahora en manos del Congreso decidir qué hace con la solicitud. El texto disponible no precisa un plazo de respuesta, y las acusaciones citadas son denuncias presentadas por Rodríguez que siguen su curso ante la Comisión de Acusación.
Citas Notables
La permanencia del expresidente en el país es indispensable para el avance de las acciones judiciales; el riesgo para Rodríguez se ha intensificado.— Manuel Vicente Villanueva Luis, abogado de Angie Rodríguez (paráfrasis)
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