En el cruce siempre tenso entre soberanía y seguridad compartida, la administración Trump ha elevado su tono: Sara Carter, directora de la política antidrogas de Washington, advirtió esta semana que cualquier político —mexicano o estadounidense— sospechoso de vínculos con cárteles enfrentará consecuencias concretas, desde la revocación de visas hasta acciones legales formales. El mensaje llega envuelto en elogios a la presidenta Sheinbaum, pero cargado de una exigencia que revela la asimetría de fondo: para Washington, la cooperación es bienvenida, pero la presión no cesa.