España obliga a empresas a controlar el estrés mental desde 2027

España se prepara para una transformación profunda en cómo las empresas abordan la salud de sus trabajadores. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, si avanza según lo previsto, entrará en vigor el 2 de enero de 2027. El borrador fue aprobado en marzo de 2026 y aún debe completar su tramitación parlamentaria, lo que significa que el texto definitivo podría sufrir cambios. Pero los puntos conocidos hasta ahora ya señalan un endurecimiento significativo de las obligaciones empresariales, especialmente en áreas que hasta hace poco tiempo apenas figuraban en los planes de prevención de muchas compañías.

El cambio más notable es el reconocimiento explícito de los riesgos psicosociales. Las empresas tendrán que evaluar y prevenir situaciones vinculadas con la ansiedad, el agotamiento mental, el exceso de carga de trabajo y el estrés laboral continuado. Hasta ahora, la mayoría de los planes de prevención se concentraban en riesgos físicos: accidentes, caídas, exposición a sustancias peligrosas. Con esta reforma, la salud mental entra de lleno en las evaluaciones preventivas obligatorias. Según el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, las empresas deberán analizar el estrés laboral, la salud mental y la fatiga mental, además de garantizar el derecho a la desconexión digital de los empleados.

Ese derecho a desconectarse ya existe en la legislación española desde 2018, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Sin embargo, expertos laborales llevan años señalando que su aplicación práctica sigue siendo insuficiente. La reforma busca reforzarlo para evitar que los trabajadores reciban llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera del horario laboral, algo especialmente relevante en sectores donde el teletrabajo y la conexión permanente se han normalizado. La nueva normativa también podría obligar a las empresas a establecer protocolos internos para prevenir el desgaste emocional y la sobrecarga mental derivados del trabajo.

Otro eje clave de la reforma está relacionado con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos. Las empresas tendrán que incorporar medidas preventivas específicas frente a temperaturas extremas, tanto por calor como por frío, además de otros episodios climáticos severos. Esta cuestión ha ganado importancia tras las sucesivas olas de calor registradas en España y varios accidentes laborales vinculados a las altas temperaturas. El Gobierno ya aprobó en 2023 una modificación normativa que prohíbe determinados trabajos al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología emite avisos extremos por calor. Ahora la intención es ampliar ese enfoque preventivo a otros riesgos derivados del clima, incluyendo lluvias torrenciales, temporales y fenómenos meteorológicos que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores. Muchas compañías tendrán que revisar sus protocolos de emergencia y sus sistemas de organización laboral durante episodios climáticos extremos.

La reforma también introduce cambios importantes en la estructura de los servicios de prevención. Las empresas de 300 trabajadores estarán obligadas a disponer de un servicio de prevención interno y de un servicio de salud propio, reduciendo el umbral actual de 500 empleados. Se introducirán protocolos específicos para trabajadores que regresen tras bajas médicas de larga duración. En casos de incapacidades temporales superiores a seis meses, las empresas deberán aplicar mecanismos de reincorporación progresiva para facilitar una adaptación gradual del trabajador a su puesto y evitar una vuelta brusca tras largos periodos de ausencia.

Los cambios afectarán especialmente a pequeñas empresas y autónomos. Actualmente, muchos empresarios pueden gestionar personalmente la prevención de riesgos laborales en compañías de hasta 25 trabajadores. Con el nuevo texto, ese umbral bajaría a 10 empleados, lo que obligará a más pequeñas empresas a externalizar o profesionalizar la gestión preventiva. El Gobierno también reforzará la Inspección de Trabajo, haciendo que el cumplimiento de estas medidas sea una prioridad con mayor control para verificar que las empresas aplican realmente las obligaciones preventivas. La intención del legislador es que la prevención deje de verse como un mero trámite burocrático y se convierta en una herramienta real de protección de la salud física y mental de los trabajadores.