Entre el ruido y el sesgo: juristas advierten de la dificultad para distinguir la verdad en los procesos judiciales de corrupción

El lunes pasado se emitió en horario de máxima audiencia, en los principales canales de televisión españoles, un anuncio que la plataforma Mito AI, centrada en la realización cinematográfica, presentó como "generado en un 95%" por inteligencia artificial. Visto con la atención dispersa con la que se suele ver la publicidad, parecía real. Quien se fijaba, sin embargo, podía descubrir en una escena de fútbol una tercera portería en un lateral del campo, donde no debería estar.

Dos días después, el miércoles, la UCO entró en la sede del PSOE por orden del juez Santiago Pedraz para recabar documentación sobre el caso Leire. Según dónde se informara uno, había sido un registro o un simple requerimiento; el Gobierno más corrupto o una operación de lawfare. Lo mismo ocurrió con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: para unos, una maniobra orquestada para desestabilizar al Ejecutivo; para otros, casi el líder internacional de una trama criminal.

En ese ruido, el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio sostiene que la verdad sigue existiendo, y con ella el análisis objetivo. La cuestión es cómo llegar a ella. Para Cancio, los medios tienen un papel esencial, pero en España son particularmente débiles: no tienen intereses propios, sino que están conectados con opciones políticas. Recuerda que el día de la imputación de Zapatero se podía leer en un sitio que existía una organización criminal y en otros, más serios, que quizá era cierto y había que investigar.

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, coincide en que los medios pueden perturbar la percepción ciudadana y afirma que el desequilibrio informativo a favor de la derecha extrema y la extrema derecha es abrumador. Le sorprende, además, la desigualdad en el número de procesos según el espectro ideológico del investigado: sostiene que hay datos objetivos y estadísticos que muestran muchas más actuaciones judiciales, algunas gravísimas, contra independentistas, Podemos o ahora el PSOE que contra el PP. Sobre Zapatero es especialmente duro: considera una barbaridad lo que ha hecho el juez y se extraña de que gente de izquierdas, a la que aprecia, defienda que el auto era sólido, cuando su párrafo final presenta al expresidente como líder mundial de la corrupción sin que se sepa de dónde sale.

El artículo añade que el sesgo político ya domina cualquier proceso judicial. Las emociones mandan y cada cual tiende a creer lo que confirma sus deseos: si alguien cree corrupto a un político y este es investigado, poco importará que el caso no prospere, porque en el imaginario colectivo habrá condena aunque no haya sentencia.

Ambos juristas creen que la justicia tiene su propio problema: un poder judicial politizado. Recuerdan que PP y PSOE pactaron hace poco la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de bloqueo, un órgano que nombra, entre otros, a los magistrados del Tribunal Supremo, la corte que juzga a los aforados.

Cancio considera el aforamiento una anomalía intolerable, que según él solo existe, además de en España, en países autoritarios. Pone como contraste que el presidente federal de Alemania fue juzgado por el juez de su lugar de residencia, no por el Supremo alemán. Aquí, parlamentarios y Gobierno se sientan ante el Supremo, cuyos miembros, afirma, se deben a quien los nombró, PP o PSOE, y no temblarían para inventar, como a su juicio ocurrió con el fiscal general del Estado. Por eso, dice, los magistrados se esfuerzan en dar conferencias para ser vistos como obedientes. Llama a los aforamientos "el corazón de la corrupción judicial" y señala que en Alemania nadie conoce los nombres de los jueces del Tribunal Federal Superior, mientras que aquí se conocen incluso sus familias.

Sin aforamientos, los políticos serían juzgados por tribunales de instrucción ordinarios, donde no suele haber tal politización. Cancio critica también el sistema de oposiciones, que califica de demencial por basarse en memorizar temas y recitarlos, y que a su juicio mantiene el control de un estamento sociológicamente de derechas. Reclama un acceso racional que impida a los grupos de presión controlar la judicatura. El debate sobre ese acceso y sobre la renovación del CGPJ marcará la discusión institucional en los próximos meses.