Empresario detenido en Barcelona rechaza extradición a Myanmar: "Es una venganza"

Munimul Islam llegó a Barcelona la noche del 29 de septiembre en un vuelo de Ryanair desde Londres con su esposa Rebecca Connor. Tenían planes modestos: dos noches en la ciudad para celebrar su aniversario de bodas, lejos de sus dos hijos pequeños que habían dejado en Essex bajo el cuidado de los abuelos. El viaje terminó en el control de pasaportes del aeropuerto de El Prat. Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron después de que Interpol confirmara una notificación roja emitida por las autoridades de Myanmar. Islam, un empresario tecnológico de 40 años nacido en Bangladesh, permanece ahora en prisión provisional mientras la Audiencia Nacional decide si debe ser extraditado.

Las acusaciones contra Islam provienen de Myanmar y lo señalan junto a otros dos hombres: Danny Kyay, australiano, y Adam Castillo, estadounidense. Los tres son acusados de estafa por recaudar entre 300.000 y 500.000 dólares utilizando el nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Myanmar sin autorización de su junta directiva. Según los documentos a los que accedió EL PAÍS, ese dinero fue destinado a contratar los servicios de Mercury Public Affairs, una consultora con sede en Nueva York especializada en cabildeo ante gobiernos. La intención declarada era mejorar las perspectivas comerciales de empresas estadounidenses en el país asiático. Islam, según la breve descripción en la nota de Interpol, ejecutó el acuerdo con una entidad estadounidense sin consentimiento de la junta.

Lo que distingue el caso de Islam es lo que sucedió después con sus coacusados. Kyay y Castillo fueron detenidos y encarcelados en junio, pero fueron liberados tres meses después. Castillo, exmarine con vínculos al movimiento MAGA de Donald Trump, fue puesto en libertad presuntamente tras presiones ejercidas por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, según reveló The Washington Post. Islam, en cambio, alzó la voz públicamente contra esas detenciones en redes sociales y medios de comunicación. Esas manifestaciones, según su esposa, desencadenaron represalias. "Mi marido hizo mucho ruido en redes, y el hecho de que esas dos personas hayan quedado en libertad demuestra que no hay caso", explica Connor desde un apartamento facilitado por el consulado de Bangladesh en Barcelona. "Está siendo muy duro estar en el extranjero sin mis hijos. Es injusto que mi marido esté en prisión", lamenta.

Islam registró su empresa Misfit Technologies en Myanmar en 2018, tres años antes del golpe de Estado militar que consolidó el control de las fuerzas armadas sobre el país. Posteriormente ocupó un cargo en la junta de gobierno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Yangón. Abandonó ese puesto en 2025 y se trasladó a Reino Unido con su esposa e hijas, quienes poseen nacionalidad británica. Su abogado, Cristian Carci, sostiene que confluyen en el caso cuestiones de geopolítica que trascienden la figura del empresario. La Audiencia Nacional ordenó su encarcelamiento sin fianza argumentando que no tiene arraigo en España y existe riesgo de fuga. Carci utilizará el apartamento facilitado por Bangladesh como argumento para solicitar su liberación mientras se resuelve la extradición.

Islam, que es musulmán, teme por su vida si es entregado a las autoridades de Myanmar. Las relaciones entre Bangladesh y Myanmar son tensas, en parte por el conflicto con la comunidad rohinyá: Bangladesh acoge a más de un millón de refugiados expulsados de Myanmar. El Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconseja viajar a Myanmar por su "situación de seguridad altamente volátil" e "inseguridad jurídica" que ha generado "detenciones arbitrarias, incluso de personas extranjeras".

La Embajada de Bangladesh ha elaborado un informe confidencial que contradice directamente las acusaciones de Myanmar. Tras analizar la documentación, considera probado que la junta de gobierno de la Cámara de Comercio aprobó el 1 de noviembre de 2024 una resolución para recaudar fondos y contratar servicios de cabildeo sobre Myanmar. Esa resolución aprobaba expresamente la iniciativa de lobbying y designaba a Misfit Technologies, empresa de Islam, como patrocinador externo para pagar directamente a Mercury en Estados Unidos. Cinco de los seis miembros votaron a favor y formalizaron el contrato. Según la información de Bangladesh, son los mismos que posteriormente promovieron las acciones penales contra Islam y los otros dos extranjeros.

Connor denuncia las motivaciones políticas del caso y pide a la justicia española que no entregue a su marido a "un régimen militar donde hay cientos de violaciones de derechos humanos". Señala que Myanmar ha proporcionado apenas "una frase de información" sobre el caso y subraya que, si es extraditado, su marido "no tiene ninguna garantía de que no vaya a ser torturado o de que vaya a tener un juicio justo". La familia aguarda ahora la decisión de la Audiencia Nacional sobre si Islam permanecerá en prisión o será liberado mientras se resuelve su extradición.