El Supremo y el Constitucional: cuatro décadas de choques entre el intérprete de la ley y el guardián de la Carta Magna

Hubo un tiempo en que Isabel Preysler consiguió algo poco habitual: enfrentar al Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo. No fue la única. Los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, primos y casados con las hermanas Koplowitz, también provocaron reproches durísimos entre ambos órganos. Entre 2000 y 2008, el Supremo llegó a condenar a los magistrados del Constitucional a indemnizar a un abogado, a razón de 500 euros por cabeza.

Aquel tiempo no queda tan lejos y recuerda al presente. Esta semana el Supremo ha amnistiado a los líderes del procés, después de que el Constitucional le obligara a cambiar su interpretación de la ley de amnistía, aprobada por el Congreso en mayo de 2024, e incluir la malversación entre los delitos que quedan sin responsabilidad penal. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull pueden volver a presentarse a elecciones, y Carles Puigdemont está a días del paso definitivo que le permita regresar a España sin cuentas pendientes con la justicia.

Tras dos años de periplo, la decisión ha abierto una brecha entre el Supremo, que interpreta las leyes y fija doctrina para todos los tribunales, y el Constitucional, que vela por los derechos fundamentales. El Supremo acusa al tribunal de garantías de invadir sus competencias y de "adornar" su sentencia con "innecesaria grandilocuencia". Un magistrado progresista del Constitucional, el que preside Cándido Conde-Pumpido, sitúa el primer choque hace más de 40 años, en la primera sentencia que aplicó la presunción de inocencia y absolvió a un condenado por el Supremo. Un magistrado conservador de la Sala de lo Penal admite que no es algo coyuntural, sino "casi inherente al sistema".

La pregunta de fondo es hasta dónde puede corregir el Constitucional al Supremo sin convertirse en una instancia más. El artículo 24 de la Constitución, que recoge la tutela judicial efectiva, le ha permitido entrar en muchos casos. En 2001 reconoció a Preysler 10 millones de pesetas (unos 102.000 euros actuales) por lo que una empleada del hogar contó en la revista Lecturas; la Sala de lo Civil del Supremo replicó que era el doble de lo fijado para un homicidio imprudente y acusó al Constitucional de negligencia. En el caso de Los Albertos, el desacuerdo giraba sobre cuándo se interrumpió la prescripción en un asunto urbanístico. Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal emitieron, tras tres horas de reunión, un comunicado durísimo contra el tribunal presidido entonces por María Emilia Casas, y hubo un conato de rebelión, pero acabaron absolviendo por 11 votos contra siete.

Sobre la amnistía, fuentes de la Sala Segunda aseguran que nunca se planteó no acatar la sentencia. Pero sí molestaron expresiones como "interpretación no motivada e irrazonable" o "drástica contradicción". "Se meten donde no les corresponde y, encima, te llaman tonto", dice un magistrado. Otro añade: "Acatamos, pero con cabreo". Un magistrado progresista de lo Contencioso-Administrativo opina que bastaba con decir que la interpretación era inadecuada. En el Constitucional replican que si cambian una decisión es porque se ha cruzado una línea roja, y que han "montado una tormenta en un vaso de agua" para ocultar que tuvieron que aplicar la ley.

En el Supremo persiste además la sensación de que el Constitucional solo entra en asuntos sensibles. Un magistrado de la Sala de lo Penal cita a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos condenado por dar una patada a un policía, y duda de que hubiera pasado lo mismo con un ciudadano anónimo. En el Constitucional se definen como "último garante" y recuerdan que esta semana decidieron no pronunciarse sobre la ley de nietos. En los últimos años también hubo roces por los ERE, los nombramientos del fiscal general y el caso de la viuda del presidente de la CAM. El auto de Manuel Marchena sostiene que convertir al Constitucional en última instancia revisora desdibuja el diseño de 1978.

En los mentideros judiciales se apunta a la relación fría entre Marchena y Conde-Pumpido, ponentes de ambas resoluciones, desde que Marchena logró presidir la Sala de lo Penal, puesto al que también aspiraba el actual presidente del Constitucional. Ambos tribunales lo niegan: dicen que todos los firmantes estaban de acuerdo.

Lo que viene es la composición de ambas cortes. El Senado, donde el PP lleva un año bloqueando la renovación, debe elegir cuatro nuevos magistrados del Constitucional en lugar de Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. Y en abril se jubila Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal; si no hay relevo, la presidencia pasaría a Julián Sánchez Melgar y, tras su jubilación, volvería a Marchena.