El Supremo de EE UU ratifica las multas millonarias a operadoras por vender datos de clientes

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró definitivamente un capítulo de litigio constitucional al respaldar las multas administrativas de 200 millones de dólares que la Comisión Federal de Comunicaciones impuso contra las principales operadoras telefónicas del país. El fallo, emitido con una mayoría abrumadora de ocho votos contra uno, rechazó el último intento de Verizon por revertir una decisión de junio que validaba el poder regulatorio de la agencia para sancionar a las empresas por comercializar datos de ubicación de sus clientes sin autorización.

La batalla legal giró en torno a una cuestión constitucional fundamental: si los procedimientos administrativos internos de la FCC vulneraban el derecho a un juicio con jurado garantizado por la Séptima Enmienda. Los magistrados determinaron que no. Explicaron que los avisos iniciales de sanción emitidos por el regulador son comunicaciones preliminares, no órdenes de pago inmediato. Las empresas multadas, razonó la corte, conservan el derecho de rechazar el pago voluntario y obligar al gobierno federal a presentar una demanda formal ante un tribunal de distrito, donde sí pueden presentar sus argumentos ante un jurado. Con esta lógica, el tribunal desestimó los argumentos de las operadoras y respaldó la posición de la administración Trump, cuyos abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad de las órdenes del organismo regulador.

Verizon, sin embargo, argumentó que la realidad operativa contradecía esta teoría. La empresa desembolsó 46,9 millones de dólares bajo la presión de un requerimiento administrativo que exigía el pago en treinta días, impulsada, según su reclamo, por una caracterización engañosa de la FCC sobre la firmeza del cobro. La corte rechazó esta petición para modificar el fallo. AT&T, que pagó 57,3 millones de dólares, se encuentra en una posición procesal distinta. Su caso proviene del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, que en su momento falló a favor de la empresa al considerar que la FCC privaba indebidamente del derecho a juicio con jurado. Esta divergencia previa permite a AT&T mantener abierta una vía legal independiente para solicitar la devolución del dinero.

El origen de esta controversia se remonta a 2018, cuando investigaciones periodísticas y oficiales revelaron un comercio clandestino de datos de ubicación. Intermediarios de datos y agregadores comerciales vendieron a terceros no autorizados la información geográfica en tiempo real de millones de usuarios de telefonía móvil. Los compradores incluían servicios de rastreo, empresas de ciberseguridad y encargados de localización de personas, quienes accedían a las coordenadas precisas de los dispositivos sin consentimiento explícito de los titulares.

En abril de 2024, tras una investigación exhaustiva, la FCC finalizó un paquete de sanciones por 196,3 millones de dólares. T-Mobile recibió la multa más alta: 80,1 millones de dólares. AT&T fue sancionada con 57,3 millones. Verizon con 46,9 millones. Sprint, absorbida por T-Mobile en 2020, con 12,2 millones. El regulador determinó que las cuatro operadoras vendieron ilegalmente acceso a datos de geolocalización y fallaron en aplicar medidas razonables para proteger la información confidencial de sus abonados.

Las empresas respondieron con estrategias legales distintas. Verizon y AT&T estructuraron sus impugnaciones alrededor del debate constitucional sobre las competencias de la FCC y el derecho a jurado. T-Mobile y Sprint optaron por combatir el fondo normativo, recurriendo sus penalizaciones combinadas de 92,3 millones de dólares ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Argumentaron que la agencia reguladora interpretó erróneamente la legislación federal de protección de datos y que el cierre voluntario de sus programas de venta de datos en 2019 debía eximirlas de responsabilidad retroactiva.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó íntegramente estas alegaciones el 15 de agosto de 2025. La sentencia concluyó que T-Mobile y Sprint incumplieron sus deberes legales de custodia al mantener sistemas automatizados que permitían a terceros consultar datos de ubicación en tiempo real sin validar la existencia previa de consentimiento válido. El fallo ratificó que el cese voluntario de las prácticas irregulares no anula la gravedad de las infracciones cometidas durante los años en que los programas permanecieron operativos. Con la decisión de la Corte Suprema, el litigio constitucional ha terminado. Pero AT&T aún tiene un camino abierto para recuperar su dinero.