El PP plantea reducir la presencia estatal en empresas privadas si gana las elecciones

El Partido Popular ha trazado una línea clara en la arena: si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, el Estado español deberá retirarse de los negocios privados. La propuesta no es nueva en la política española, pero adquiere peso particular ahora, cuando los populares observan con creciente inquietud cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha tejido una red de participaciones accionariales en empresas cotizadas que compiten en mercados abiertos.

El caso de Telefónica encarna todo lo que los populares quieren evitar. Hace unos años, el Gobierno creó de la nada un capítulo presupuestario para inyectar 2.285 millones de euros y tomar una participación mayoritaria del 10% en el operador de telecomunicaciones. Lo más notable no fue el dinero ni siquiera la cifra, sino quién tomó las decisiones: no fue el Consejo de Administración de la empresa, sino el jefe de la Oficina Económica del Gobierno quien ejecutó el cese del primer ejecutivo. Los cronistas de entonces subrayaron la anomalía sin precedentes. Era intervención estatal pura, desnuda de los protocolos que la gobernanza corporativa exige.

Telefónica no fue un caso aislado. El Gobierno reforzó su presencia en Indra con el propósito explícito de controlar el sector industrial de la defensa, imponiendo y destituyendo presidentes y consejeros delegados según sus intereses evolucionaban. Entró en Talgo después de vetar opciones privadas que no le satisfacían. Rescató a Duro Felguera con la intención de estabilizar un proyecto empresarial que cinco años después seguía sin lograrlo. Impuso condiciones de gestión a Air Europa y Tubos Reunidos. Mantuvo su participación en Caixabank, uno de los principales bancos del país, para conservar voz y voto. E hizo todo lo posible desde fuera para sabotear la fusión entre Sabadell y BBVA. Durante la era Sánchez, el Estado ha sido un actor corporativo más en el bazar de las operaciones empresariales españolas.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, expone la posición de su partido con precisión: consideran injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada. En su criterio, la función de las empresas públicas o la participación estatal en empresas de capital mayoritariamente privado solo se justifica cuando hay relación con Defensa y Seguridad Nacional, o cuando se presta un servicio público esencial que debe estar bajo control del Estado. Red Eléctrica es su ejemplo: una empresa que opera una infraestructura crítica nacional.

La estrategia de los populares pone en la mira participaciones como las de Telefónica, Duro Felguera, Talgo e incluso Caixabank. Son empresas que operan en sectores competitivos pero que tienen fuerte presencia estatal porque el Gobierno de Sánchez las consideró estratégicas. Sin embargo, fuentes del PP aclaran que aún no hay una decisión firme de desinvertir en todas ellas si Feijóo llegara al poder. El debate sobre qué es estratégico y qué no ha sido uno de los más controvertidos del mandato actual, y uno de los que más fricción ha generado entre Gobierno y oposición.

La propuesta de los populares va más allá de reconsiderar participaciones específicas. Buscan replantearse el rol mismo del Estado como actor corporativo, tanto en operaciones directas como en influencia regulatoria. Nadal subraya que hay que preguntarse qué es y qué no debe ser una empresa pública. En su opinión, una empresa pública solo puede serlo si por su naturaleza cumple una función de interés público genuino.

Otra prioridad declarada es romper con los nombramientos de afines al frente de empresas del Grupo SEPI, una práctica que en varios casos ha derivado en procesos judiciales por corrupción. Nadal promete cambiar el perfil de quienes dirijan las empresas públicas, incorporando perfiles con experiencia y profesionalidad cuyo objetivo principal sea cumplir los objetivos de gestión establecidos. No se trata de cambiar la ley de nombramientos, aclara, sino de cambiar quiénes son nombrados.

Lo que está en juego es una visión diferente del papel del Estado en la economía. Los populares ven activismo donde el Gobierno actual ve estrategia nacional. Si las elecciones les dan la oportunidad, tendrán que traducir esa crítica en decisiones concretas sobre empresas reales, dinero real, y empleos reales. Hasta ahora, la promesa es clara; la ejecución, aún por verse.