El PP denuncia que Sánchez «claudicó» en Gibraltar y «dilapidó» la ventaja de España

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva contra el acuerdo que la Comisión Europea y el Gobierno británico hicieron público el jueves para regular las relaciones entre la UE y Gibraltar después del Brexit. Los dirigentes de Feijóo sostienen que cualquier pacto sobre el Peñón debe ser debatido y votado en el Congreso de los Diputados, no solo por exigencias constitucionales sino por un principio democrático elemental: lo que afecta a los españoles debe decidirse en el Parlamento español.

En el análisis del PP, el presidente Pedro Sánchez ha renunciado a la posición de fuerza que España tenía tras la salida británica de la Unión Europea. Al ceder el protagonismo a Bruselas y Londres en la gestión del futuro de Gibraltar, el Gobierno habría desaprovechado una ventaja estratégica. Los populares ven en esto una capitulación: Sánchez se habría quitado un problema de encima delegándolo en otros. El acuerdo aún requiere ratificación del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y Westminster, pero el Gobierno prevé aplicarlo de forma provisional sin pasar por las Cortes, lo que el PP rechaza como un menoscabo de la soberanía parlamentaria española.

Los críticos populares señalan que el contenido del tratado contiene concesiones significativas a Reino Unido. España asumiría la responsabilidad de la base militar instalada en el territorio, un espacio que consideran ilegalmente ocupado y donde operan y se reparan submarinos nucleares. Además, la gestión conjunta del aeropuerto se haría a través de una empresa que podría constituirse en cualquier país miembro de la UE excepto España, lo que los populares ven como una exclusión deliberada del territorio español.

Respecto a la Verja, el PP rechaza la narrativa oficial de que desaparecería. Lo que cambiaría, según su lectura, sería la eliminación de los controles de la Guardia Civil, Policía y Aduanas, pero la barrera física seguiría en pie alrededor del perímetro del aeropuerto y los cuarteles militares británicos. El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) que entraría en vigor el 10 de abril proporcionaría un tránsito más ágil, pero eso no es lo mismo que suprimir la frontera.

En materia de prosperidad compartida, los populares advierten que el acuerdo carece de especificaciones sobre inversiones, programas o transferencias concretas. Más grave aún, sostienen que no puede haber verdadera prosperidad compartida sin una equiparación fiscal entre los territorios. El partido de Feijóo también subraya que temas de importancia capital quedan sin resolver: los derechos de pesca de los marineros españoles, la capacidad de España para realizar persecuciones en caliente contra narcotraficantes y contrabandistas, y otras cuestiones que consideran trascendentales pero que no aparecen mencionadas en el tratado.

La posición del PP es que las prisas legislativas son contraproducentes. Insisten en que el acuerdo debe someterse al debate parlamentario completo antes de cualquier aplicación provisional, y que marginar al primer partido de la oposición en un asunto de esta envergadura constituye un error político y constitucional. El partido aguarda ahora los pasos siguientes en la ratificación europea y británica, pero ha dejado clara su intención de cuestionar el tratado en las Cortes cuando llegue el momento.