El Gobierno salva la quita autonómica pero fracasa en los Presupuestos

El Congreso cerró su curso parlamentario el jueves con una sesión maratoniana que dejó un balance contradictorio. El Gobierno logró aprobar tres leyes, dos decretos leyes —uno de ellos destinado a prolongar ayudas y rebajas fiscales relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo— y una reforma del Reglamento de la Cámara. Pero detrás de estos números se esconde una realidad más compleja: mientras el Ejecutivo celebraba algunas victorias tácticas, se enfrentaba a un fracaso que podría redefinir el calendario político de los próximos meses.

La victoria más significativa fue la del proyecto de quita de deuda autonómica, que superó su primer trámite parlamentario gracias a una maniobra política inesperada. El PP y Vox presentaron enmiendas para devolver el texto al Gobierno, pero Junts rechazó apoyarlas. Los siete diputados de Carles Puigdemont se encontraban en una posición incómoda: bloquear la iniciativa habría significado alinearse con la derecha, algo inaceptable en la pugna por el voto independentista catalán. En cambio, optaron por dejar pasar el proyecto mientras advertían que durante su tramitación exigirían la condonación total de la deuda autonómica. El ministro de Hacienda, Arcadi España, describió esta medida como "el kilómetro cero del nuevo sistema de financiación", parte de los acuerdos entre el PSOE y ERC para diseñar un modelo de financiación más favorable para Cataluña. La quita podría liberar a las 17 comunidades autónomas de una carga superior a 80.000 millones de euros y permitirles volver a financiarse libremente en los mercados.

Pero el rechazo del PP fue contundente. Los populares descartaron tanto los objetivos fiscales propuestos por el Gobierno —que hubiesen aportado 5.800 millones de euros adicionales a las comunidades que gobiernan en tres años— como la propia quita de deuda. Su argumento era que la medida no trataba por igual a todas las comunidades y premiaba a quienes habían sido menos responsables con sus cuentas públicas. España respondió con dureza, acusando a los gobiernos del PP de "gamberrismo institucional" por boicotear la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero donde se expuso la iniciativa. El ministro comparó la posición de los populares con la de una familia que se negase a que el banco le condonase una hipoteca. Señaló, además, que la comunidad más endeudada es Valencia y la más beneficiada sería Andalucía, ambas gobernadas por el PP. La diputada republicana Teresa Jordà dirigió un mensaje directo a la bancada popular: no estaban votando contra ERC, sino contra los intereses de millones de ciudadanos.

Vox, por su parte, adoptó una posición aún más radical. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, fue explícita días antes en la sala de prensa del Congreso: su partido jamás apoyaría nada procedente de La Moncloa durante este mandato. "Si nos traen una moción que diga 'viva España', votaremos en contra", afirmó. Su compañera María Ruiz Solás lo ratificó en el pleno: "Echar a este Gobierno es cuestión de vida o muerte literalmente. Y todos los demás objetivos deben estar supeditados a ese".

El verdadero fracaso del Gobierno llegó con la senda de estabilidad fiscal. Por segunda vez, y de forma definitiva, el Congreso rechazó los objetivos fiscales que el Ejecutivo había fijado como paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno llevó los mismos términos que había presentado la semana anterior, y recibió idéntico rechazo. Se trata de una situación sin precedentes. A pesar de ello, el Ejecutivo asegura que seguirá adelante con su plan para presentar Presupuestos, aunque todo indica que la operación está condenada al fracaso.

El ambiente en el hemiciclo ha cambiado notablemente. El preelectoralismo se apodera poco a poco de la Cámara. Los discursos ya no buscan coincidencias sino marcar distancias, derivando frecuentemente en soflamas políticas que van más allá del asunto concreto a debate. El PP y Vox lanzan tormentas de descalificaciones, con los escándalos como eterno reclamo argumental. Junts denuncia que el Gobierno de Sánchez practica una "política colonial" con Cataluña, a pesar de los pactos con el independentismo. En este contexto de creciente hostilidad, la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo se desmorona cada vez más.

Si el Gobierno fracasa en la aprobación de los Presupuestos —como todo indica que ocurrirá— se abrirá la puerta a una convocatoria electoral en los primeros meses de 2027. Esta es ahora la apuesta principal en los medios políticos. El curso parlamentario termina, pero la incertidumbre sobre el futuro del Gobierno de coalición apenas comienza.