El Gobierno prepara un plan de reactivación económica para Ceuta tras la crisis migratoria

El Gobierno español está armando una respuesta económica de envergadura para Ceuta, la ciudad autónoma que quedó sacudida por la crisis migratoria de finales de julio. La estrategia no es improvisada: mientras el Consejo de Ministros aprobará 25 millones de euros esta semana para atender a menores migrantes, el Ejecutivo ya trabaja en un plan más amplio de recuperación que llegará en forma de goteo durante las próximas semanas, financiando desde la reactivación comercial hasta refuerzos en seguridad fronteriza.

La ciudad de poco más de 80.000 habitantes enfrenta un daño económico profundo. El comercio se desplomó cuando los residentes se quedaron en sus casas y los visitantes desaparecieron. El turismo, que normalmente atrae a miles de personas cada año, se paralizó. Las imágenes de decenas de miles de inmigrantes entrando a nado circularon por el mundo, comentadas incluso por figuras como Donald Trump y Elon Musk para criticar las políticas migratorias españolas. Esa narrativa internacional ha marcado la economía local de manera tangible.

El plan de reactivación que está perfilándose incluye al menos 15 millones de euros destinados específicamente al comercio, con rebajas fiscales, reducciones en cotizaciones a la seguridad social y ayudas directas para compensar las pérdidas acumuladas durante la crisis. Habrá también un componente de turismo y apoyo a proyectos ya en marcha, como uno que utiliza agua desalada en la ciudad. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, viajará a Ceuta la próxima semana para reunirse con representantes de los sectores afectados y afinar los detalles de estas necesidades.

Más allá de lo económico, el Gobierno está desplegando recursos en múltiples frentes. El Ministerio de Justicia ha aumentado la capacidad del Instituto de Medicina Legal en un 271 por ciento y está reforzando juzgados, fiscalía y servicios de defensa de oficio para procesar las miles de solicitudes de asilo y procedimientos de expulsión. El sistema sanitario recibe refuerzos para contener enfermedades como la sarna, que se propagan entre el hacinamiento de inmigrantes. En seguridad, 330 policías y 240 guardias civiles nuevos se han sumado a los 1.659 miembros de fuerzas de seguridad ya desplegados, y el Gobierno planea hacerlos permanentes.

La cuestión de los menores es particularmente delicada. El Ejecutivo confía en poder trasladar a 500 niñas a la Península con los 25 millones aprobados, aunque el Gobierno municipal del PP se resiste. La ley española de menores y extranjería exige garantías claras y estudios individualizados que toman meses. El Tribunal Supremo ha sentenciado que no pueden devolverse a Marruecos sin más, y la Audiencia Provincial de Cádiz inhabilitó a funcionarios que lo intentaron. Mientras tanto, miles de inmigrantes permanecen en las calles de la ciudad sin solución inmediata, y más de cien murieron en el intento de entrada.

Otro proyecto en marcha es la construcción de una barrera fronteriza más estable en el agua. Tras el salto masivo de finales de julio, se instaló una barrera flotante temporal, pero no resistirá los temporales de otoño e invierno. Una obra de ingeniería más permanente está prevista, con un desembolso importante.

El Gobierno trabaja simultáneamente en tres ejes: diplomacia con Marruecos para evitar nuevos saltos masivos, gestión de la crisis humanitaria mientras se tramitan devoluciones y expulsiones, y recuperación económica. Marruecos ya desbarató un segundo intento de salto masivo el 15 de agosto, y el Ejecutivo confía en que la cooperación continúe. A diferencia de 2021, cuando un salto de más de 10.000 personas fue presentado como represalia por la acogida al líder saharaui Brahim Gali, Rabat ahora insiste en que no está detrás de esta operación y no tiene conflictos pendientes con Madrid.

La presión sobre el Ejecutivo es enorme: ciudadanos ceutíes, oposición política, sistema judicial, sindicatos policiales y socios europeos observan atentamente cómo se resuelve esta crisis en la frontera más caliente de la Unión Europea. El Gobierno admite que la situación es complicada, pero sostiene que no hay descontrol de seguridad generalizado, aunque sí hay aumento de delitos. Lo que está claro es que Pedro Sánchez tiene en Ceuta uno de sus problemas más urgentes, y el Ejecutivo está movilizando dinero, medios materiales y humanos para resolverlo cuanto antes.