El Gobierno ignoró años de alertas sobre el uso de Marruecos de la migración como presión

En el verano de 2026, miles de personas cruzaron ilegalmente hacia España desde Marruecos en lo que las autoridades estimaron en 80.000 entradas solo en Ceuta. Pero esta crisis no llegó sin aviso. Durante cinco años, expertos militares, analistas de seguridad y académicos españoles habían estado documentando, con creciente precisión, cómo Marruecos utilizaba los flujos migratorios como instrumento de presión política y diplomática. El Gobierno, sin embargo, no actuó sobre esas advertencias.

La primera gran alarma sonó en 2021, cuando aproximadamente 8.000 personas entraron ilegalmente a España en una crisis que coincidió con el deterioro de las relaciones bilaterales tras el traslado del líder polisario Brahim Ghali a un hospital español. Una semana después, Iván Redondo, entonces director de gabinete de Pedro Sánchez, compareció en el Congreso y describió lo ocurrido con precisión: una herramienta más dentro de las estrategias híbridas que Marruecos estaba desplegando. El Ejecutivo prometió entonces un plan global de seguridad para Ceuta y Melilla. Ese plan fue incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada ese mismo año, que reconoció explícitamente que ambas ciudades autónomas, por su situación geográfica y la especificidad de su frontera, requerían atención especial para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Nunca se materializó.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional continuó publicando informes anuales que repetían la misma conclusión. En 2021, el documento oficial asumía que la instrumentalización de flujos migratorios con objetivos políticos era un fenómeno en aumento que afectaba directamente a España. Instaba a dotar al país de instrumentos, tanto nacionales como comunitarios, para contrarrestar estas acciones con agilidad. En 2022, Seguridad Nacional identificó el retorno de inmigrantes irregulares como la medida más efectiva para desincentivar nuevos intentos de entrada, y recomendó asegurar el cumplimiento de acuerdos de retorno ya establecidos con Marruecos, Mauritania, Argelia y Senegal. Ese mismo año, el organismo advertía sobre cómo las estrategias híbridas permitían a potencias medias perseguir objetivos políticos en la zona gris sin desencadenar conflicto armado directo, aunque con riesgo de escalada incontrolable. El informe más reciente, correspondiente a 2025 y aprobado hace solo meses, constató un incremento de entradas ilegales a través de Ceuta y Melilla, reconociendo que el control de la valla fronteriza había sido posible gracias al despliegue perimetral de la gendarmería marroquí y sus Fuerzas Armadas. En otras palabras: el control lo tenía el país vecino.

Más allá de los documentos oficiales, militares de alto rango escribieron análisis detallados sobre el fenómeno. El comandante Joaquín Peral, en un artículo publicado por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, señaló que la experiencia había demostrado que distintos actores —redes criminales, Estados— podían instrumentalizar la migración para obtener beneficio o presión política. El comandante Emilio José Arias Otero fue más crítico aún. Tras analizar el comportamiento diplomático español, concluyó que no había existido una postura diplomática consistente frente a las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, lo que debilitaba la disuasión y su credibilidad. Advirtió que ceder en reivindicaciones sin exigir nada a cambio era una forma peligrosa de relacionarse entre Estados en disputa, y que España no podía asumir que sus intereses nacionales eran compartidos con sus socios internacionales.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos, considerado el think tank del Ministerio de Defensa, publicó en marzo de 2026 un cuaderno estratégico dedicado a los puertos del Estado y la defensa nacional. Militares de alto rango y civiles coincidieron en la importancia marítima de Ceuta y Melilla y en las presiones de Marruecos, instando a la puesta en marcha de una política diferenciada de Estado para ambas ciudades, con una estrategia específica de enclave fronterizo singular. El Observatorio de Ceuta y Melilla, dependiente del Instituto de Seguridad y Cultura, ya había alertado en noviembre de 2021 sobre el uso de estrategias híbridas por parte de Marruecos, dividiéndolas en cuatro niveles de escalada: configuración del entorno, interferencia, desestabilización, y empleo limitado y directo de la fuerza. El capitán de Fragata Augusto Conte de los Ríos escribió que Ceuta y Melilla eran percibidas por Rabat como anomalías geoestratégicas, objetivo de una estrategia híbrida que combinaba instrumentos económicos, políticos y de seguridad, incluyendo el uso instrumental de la migración.

Ahora, con decenas de miles de personas en situación ilegal en territorio español, los expertos vuelven a formular las preguntas fundamentales. Rut Bermejo, investigadora del Real Instituto Elcano, pregunta: ¿por qué ocurrió? ¿A quién beneficiaba esa situación en último término? Las respuestas que el Gobierno debería haber tenido hace años siguen sin llegar.