El Gobierno da tregua a los centros de datos a cambio de poder desconectarlos si peligra la red

Tras recibir más de 600 alegaciones y un duro informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, ha reescrito su norma sobre centros de datos. La CNMC había advertido del riesgo de frenar inversiones clave justo cuando despega la inteligencia artificial. El nuevo texto da dos giros: deja fuera del cerco a las instalaciones medianas y concede un respiro temporal a los grandes complejos, aunque con una condición: el Gobierno se reserva la potestad de desconectarlos sin coste si peligra la seguridad de la red.

El primer cambio es el umbral de entrada. La regulación ya no alcanzará a los proyectos a partir de 1 megavatio (MW), sino a los que superen los 10 MW. Con ello se libera de la obligación de comprar parques renovables a las infraestructuras de proximidad que dan soporte al 5G, la banca, la industria o la sanidad. Las exigencias más duras quedan para los macrocomplejos de computación y para los gigantes de la nube, como Amazon Web Services, Microsoft o Google.

El segundo cambio afecta a la correlación horaria, uno de los requisitos más criticados por el sector. El primer borrador exigía que el 80% de la energía consumida cada hora estuviera respaldada por producción renovable generada en ese mismo momento, algo técnicamente casi inviable. Ahora hay dos vías: cumplir ese 80% en tiempo real desde el primer día o acogerse a una moratoria de cinco años con metas más suaves, un 60% renovable en horas punta hasta 2028 y un 70% a partir de 2029.

El alivio tiene contrapartida. Las empresas que elijan la moratoria deberán integrarse en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). En la práctica, Red Eléctrica podrá enviar una señal en tiempo real para que reduzcan su consumo a cero ante cualquier tensión en el transporte. La desconexión se hará «sin retribución» y estos centros serán «la primera tipología en ser desconectada». El texto añade un blindaje jurídico para el operador y el Estado: el corte no contará a efectos de calidad del suministro ni dará derecho a indemnización, y esa renuncia a reclamar daños se extiende a los «terceros», es decir, clientes o instalaciones conectados al mismo punto de la red.

Se flexibilizan también los contratos de suministro. El margen para asociarse a nuevos parques limpios pasa de 18 a 36 meses, se podrá computar la fotovoltaica sin límite de antigüedad y la duración obligatoria de los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) baja de diez a seis años. Para quien incumpla la cuota de renovables, el castigo son recargos de entre el 100% y el 500% en los peajes y cargos de la factura eléctrica. Si las infracciones graves se mantienen cinco años consecutivos, el Estado retirará de forma definitiva los permisos de acceso y conexión a la red.

El decreto abre además una salida a quienes prefieran no seguir adelante. Los promotores con solicitudes en trámite o permisos concedidos que aún no se hayan conectado tendrán seis meses desde la entrada en vigor para renunciar a sus derechos sin que la Administración ejecute las garantías económicas depositadas, de modo que podrán recuperar íntegramente sus avales.

El texto final refuerza asimismo la soberanía digital. Prohíbe que los centros de datos traten, almacenen o transfieran fuera del Espacio Económico Europeo la información sensible de los sistemas públicos clasificados con nivel «Alto» en el Esquema Nacional de Seguridad, y obliga a auditar y conservar cinco años el registro de cualquier intervención remota desde terceros países. Y aunque el umbral renovable sube a 10 MW, todas las instalaciones a partir de 500 kilovatios de potencia informática deberán publicar cada año sus consumos de agua y energía. Es una industria que ya acumula más de 12 gigavatios en permisos concedidos en España.

Queda por ver si esta flexibilización basta para sostener las inversiones en inteligencia artificial sin erosionar la seguridad de la red eléctrica.