El Gobierno da tregua a los centros de datos a cambio de poder desconectarlos si peligra la red

El Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, ha rehecho la norma que regulará los centros de datos en España. Lo ha hecho después de recibir más de 600 alegaciones y un duro informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advirtió del riesgo de frenar inversiones clave justo cuando despega la inteligencia artificial. El resultado tiene dos grandes giros: las instalaciones medianas quedan fuera del cerco y los grandes complejos obtienen un respiro temporal, a cambio de que el Gobierno pueda desenchufarlos sin pagar nada si peligra la seguridad de la red.

El primer cambio es el filtro de entrada. El texto inicial alcanzaba a proyectos desde 1 megavatio (MW); el nuevo sube el listón a 10 MW. Con ello se libera de la obligación de comprar parques renovables a las infraestructuras de proximidad que dan soporte al 5G, la banca, la industria o la sanidad. Las exigencias más duras quedan para los macrocomplejos de computación y para gigantes de la nube como Amazon Web Services, Microsoft o Google.

El segundo cambio afecta a la llamada correlación horaria, uno de los requisitos que más críticas despertaba. La primera versión obligaba a que el 80% de la energía consumida hora a hora estuviera respaldada por producción verde generada en ese mismo instante, algo técnicamente casi inviable. Ahora hay dos vías: cumplir ese 80% en tiempo real desde el primer día o acogerse a una moratoria de cinco años con metas más suaves, un 60% renovable en horas punta hasta 2028 y un 70% a partir de 2029.

Ese alivio tiene una contrapartida. Quienes elijan la transición deberán integrarse en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). En la práctica, Red Eléctrica podrá enviar una señal en tiempo real para que reduzcan su consumo a cero ante cualquier tensión en el transporte eléctrico. La desconexión se hará sin retribución y estos centros serán la primera tipología en ser desconectada.

El texto añade además un blindaje jurídico para el operador del sistema y el Estado. El corte no computará para la calidad del suministro ni dará derecho a indemnización, y esa renuncia se extiende a los terceros, clientes o instalaciones anexas, conectados al mismo punto de la red. A cambio se flexibilizan los contratos de suministro: el plazo para asociarse a nuevos parques limpios pasa de 18 a 36 meses, la fotovoltaica podrá computarse sin límite de antigüedad y la duración obligatoria de los contratos de compraventa a largo plazo (PPA) baja de diez a seis años.

Para quien incumpla la cuota de renovables, las sanciones son duras: recargos de entre el 100% y el 500% en los peajes y cargos de la factura eléctrica. Si las infracciones graves se repiten durante cinco años consecutivos, el Estado retirará de forma definitiva los permisos de acceso y conexión a la red.

El decreto también abre una salida a quienes prefieran no seguir adelante. Los promotores con solicitudes en trámite o permisos concedidos que aún no se hayan conectado tendrán seis meses desde la entrada en vigor para renunciar sin que la Administración ejecute sus garantías económicas, de modo que podrán recuperar íntegros sus avales.

En materia de soberanía digital, la norma prohíbe que los centros de datos traten, almacenen o transfieran fuera del Espacio Económico Europeo la información sensible de los sistemas públicos clasificados como de nivel «Alto» en el Esquema Nacional de Seguridad. Deberán auditar y conservar durante cinco años el registro de cualquier intervención remota desde terceros países. Y aunque el umbral renovable sea de 10 MW, todas las instalaciones desde 500 kilovatios de potencia informática tendrán que publicar cada año su consumo de agua y energía, en una industria que ya suma más de 12 gigavatios en permisos concedidos en España.

Queda por ver cómo reacciona el sector ante un texto que rebaja las exigencias pero mantiene la desconexión sin compensación.