El Gobierno concede una tregua a los centros de datos a cambio de poder desconectarlos ante riesgos para la red

Tras recibir más de 600 alegaciones y un duro informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, ha rehecho la norma que regula los centros de datos. El organismo regulador había advertido del riesgo de frenar inversiones clave en pleno auge de la inteligencia artificial. El resultado es un texto con dos giros principales: deja fuera del cerco a las instalaciones medianas y da un respiro temporal a los grandes complejos, a cambio de reservarse la potestad de desconectarlos sin coste si la seguridad de la red está en riesgo.

El primer cambio es el filtro de entrada. La regulación ya no alcanzará a los proyectos a partir de 1 megavatio (MW), sino a partir de 10 MW. Con ello el Ejecutivo libera de la obligación de comprar parques renovables a las infraestructuras de proximidad que dan soporte al 5G, la banca, la industria o la sanidad, y concentra las exigencias más duras en los grandes complejos de computación y en gigantes de la nube como Amazon Web Services, Microsoft o Google.

El segundo cambio afecta a la correlación horaria, uno de los requisitos que más críticas despertaba en el sector. El primer borrador exigía que el 80% de la energía consumida hora a hora estuviera respaldada por producción renovable generada en ese mismo instante, una rigidez técnica casi inviable. Ahora hay dos opciones: cumplir ese 80% en tiempo real desde el primer día o acogerse a una moratoria de cinco años con metas más suaves, un 60% renovable en horas punta hasta 2028 y un 70% a partir de 2029.

El alivio tiene contrapartida. Las compañías que elijan la transición deberán integrarse en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). En la práctica, Red Eléctrica podrá enviar una señal en tiempo real para que reduzcan su consumo a cero ante cualquier tensión en el transporte. La desconexión se hará «sin retribución» y estas salas de servidores serán la primera tipología en ser desconectada.

El texto añade además un blindaje jurídico para el operador del sistema y para el Estado. El corte no computará a efectos de calidad del suministro ni dará derecho a indemnización, y la renuncia a reclamar daños se extiende expresamente a los «terceros», es decir, clientes o instalaciones anexas conectados a ese punto de la red. A cambio, los contratos ganan margen: el plazo para asociarse a nuevos parques limpios pasa de 18 a 36 meses, se permite computar fotovoltaica sin límite de antigüedad y la duración obligatoria de los contratos de compraventa a largo plazo (PPA) baja de diez a seis años.

Las sanciones siguen siendo severas. Quien incumpla la cuota de renovables afrontará recargos de entre el 100% y el 500% en las facturas de peajes y cargos eléctricos. Si las infracciones graves se mantienen cinco años consecutivos, el Estado retirará de forma definitiva los permisos de acceso y conexión a la red.

El decreto abre también una vía de salida. Los promotores con solicitudes en trámite o permisos concedidos que aún no se hayan conectado tendrán seis meses desde la entrada en vigor para renunciar a sus derechos sin que la Administración ejecute las garantías económicas depositadas, de modo que podrán recuperar íntegros sus avales.

El texto final refuerza asimismo la soberanía digital. Prohíbe que los centros de datos traten, almacenen o transfieran fuera del Espacio Económico Europeo información sensible de sistemas públicos catalogados como de nivel «Alto» en el Esquema Nacional de Seguridad, y obliga a auditar y conservar durante cinco años el registro de cualquier intervención remota desde terceros países. Y aunque el umbral renovable suba a 10 MW, todas las instalaciones a partir de 500 kilovatios de potencia informática deberán publicar cada año sus consumos de agua y energía. La industria ya acumula más de 12 gigavatios en permisos concedidos en España.

Queda por ver cómo reacciona el sector ante la versión final y si la norma logra equilibrar la inversión en inteligencia artificial con la estabilidad de la red.